El secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unai Sordo, llamó a secundar las numerosas movilizaciones que, junto a la Unión General de Trabajadores (UGT), tendrán lugar mañana en más de 70 ciudades, con motivo del Día Internacional del Trabajo.
En declaraciones a la Televisión Española, el líder de CC.OO. aseguró que la movilización ciudadana lleva a decisiones políticas, como demostraron -recordó- las recientes protestas de jubilados y las realizadas el 8 de marzo por el movimiento feminista. Atribuyó a las manifestaciones protagonizadas por las personas de la tercera edad que la reivindicación por unas pensiones dignas pasara a formar parte de la agenda del derechista Partido Popular (PP), liderado por Rajoy, cuando hace tres meses ni se lo planteaba, enfatizó.
España lleva creciendo cuatro años consecutivos y, sin embargo, no distribuye de manera equitativa la riqueza que crea, denunció Sordo.
Su homólogo de la UGT, José Álvarez, confió en que las manifestaciones de este Primero de Mayo sean multitudinarias, porque cuanto más masivas sean, 'más fácil será encontrar soluciones' a los problemas en este país europeo.
Tanto Sordo como Álvarez auguraron que este Día Internacional de los Trabajadores se convierta en un punto de inflexión para sumar también a los jóvenes en situación laboral precaria, con salarios de miseria.
A juicio de los líderes de los dos sindicatos mayoritarios de España, si Rajoy insiste en ignorar el clamor ciudadano y no adopta medidas para fomentar un reparto más justo de la riqueza, provocará un estallido social y una creciente movilización.
España crece, pero esa renta no se distribuye entre la mayoría social, insistieron, tras subrayar que los jubilados y la clase trabajadora están pagando todavía las políticas de austeridad aplicadas a partir de 2011 por la administración del PP.
No se pueden seguir alargando las medidas de la crisis, advirtieron, luego de pronosticar que los jóvenes también saldrán a la calle porque quieren garantías para su pensión futura.
Ambas centrales obreras consideran que el Ejecutivo no puede seguir prolongando las duras recetas adoptadas en plena crisis para reducir el gasto público, impidiendo con ello que el crecimiento de la economía se traslade a la sociedad.
Instaron a Rajoy a garantizar el poder adquisitivo de los 8,7 millones pensionistas, con el fin de que sus prestaciones vuelvan a la senda que, de manera unilateral, modificó en 2013 al desligar su subida de la evolución de la inflación.
