“Hemos presentado un pronto despacho para que se fije lo antes posible una fecha de juicio, a fin de evitar lo que nosotros llamamos impunidad biológica, mediante la cual muchos de los genocidas de la dictadura se van inocentes”, expresó a Télam el abogado David Leiva, que encabeza la querella de la organización de derechos humanos.
El pedido fue formulado en la causa en la que Lona está acusado de no investigar la desaparición de Ragone, así como el homicidio del comerciante Santiago Arredes y la tentaviva de homicidio de Margarita Martínez de Leal, testigos del secuestro.
Tanto Arredes como Martínez de Leal presenciaron el secuestro de Ragone, el 11 de marzo de 1976, cuando el médico y ex mandatario se dirigía a su trabajo.
“Al quedar conformado el tribunal, y al no tener juicios por causas de lesa humanidad en agenda para este año, creemos que es oportuno fijar la fecha”, explicó Leiva, quien estimó que, “si el tribunal así lo decide, en mayo estaríamos en condiciones” de empezar con el proceso oral y público en el marco de esta causa.
El pedido de esta organización se formuló tras quedar finalmente conformado el tribunal que tendrá a cargo este juicio, integrado por los jueces Juan Carlos Reynaga, Mariana Catalano y Gabriel Casas, quien se había excusado pero cuyo apartamiento rechazó la Cámara Nacional de Casación Penal.
“En este caso, tuvimos muchos problemas para la constitución del tribunal, porque muchos de los magistrados se excusaron teniendo en cuenta que Lona fue un personaje influyente de la justicia de Salta por más de 30 años, desde 1975 hasta que, siendo presidente, Néstor Kirchner le aceptó la renuncia”, detalló el abogado.
El letrado sostuvo que “estando Lona con la actitud mental adecuada para afrontar un proceso como éste, más allá de los problemas de salud acordes a su edad que posee, estimamos que el tribunal tiene que priorizar la realización de este juicio”.
“Lona fue un personaje muy importante de la época de la dictadura militar, que encubrió, colaboró y sirvió de cobertura a todo el accionar del proceso”, manifestó Leiva, quien destacó que “estamos pidiendo también que a Lona, como a Joaquín Guil –ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta-, le coloquen la pulsera electrónica, porque está prácticamente comprobado que los presos que se van con domiciliaria están como libres”.
Además de la causa por el secuestro y la desaparición de Ragone, Lona está involucrado en otra causa por la Masacre de Palomitas, ocurrida el 6 de julio de 1976, en el paraje salteño de Cabeza de Buey, donde 11 presos fueron fusilados.
En esta causa, que se encuentra en el final de la etapa de instrucción y que es un proceso escrito, el ex juez está acusado de homicidio doblemente calificado en calidad de cómplice primario.
Finalmente, está acusado en el marco de una investigación por varias causas relacionadas con detenciones ilegales, torturas y desapariciones de personas durante la última dictadura en Salta.
