El diputado nacional por el FpV-PJ Rodolfo Tailhade amplió su denuncia judicial contra el presidente Mauricio Macri y otros miembros del gabinete nacional en la causa conocida que investiga la condonación de la deuda por el Correo, tras las revelaciones periodísticas que a juicio del denunciante corroboran que “Macri orquestó desde el Gobierno el autoperdón de 70 mil millones de pesos de deuda del canon del Correo Argentino, y que tuvo la complicidad de estudios de abogados que actuaron desde los dos lados del mostrador”.
El legislador señala que -según una investigación del periodista Ari Lijalad- el director de Asuntos Jurídicos del extinto Ministerio de Comunicación a cargo de Oscar Aguad, Juan Manuel Mocoroa, “pidió instrucciones a Aguad sobre una propuesta que se presentó 14 días después y de la que el Estado, legalmente, recién se enteró 20 días más tarde”.
“El Gobierno no sólo sabía los detalles de la propuesta de los Macri antes de que la presentaran, sino que incluso anticipó la mejora de esa misma oferta que harían. La prueba es la respuesta del entonces ministro Aguad a Mocoroa, con instrucciones de cómo actuar en la audiencia donde se acordaría la condonación de la deuda a la familia presidencial”, relata en su presentación.
Tailhade también hace referencia a la investigación publicada por la periodista Emilia Delfino en el diario Perfil que refiere que “la mayoría de los abogados que deben velar por los intereses de los acreedores tienen nexos con la deudora, es decir, con Correo”.
Por ejemplo, Ignacio A. Buceta, del estudio Tonelli, aparece representando los intereses de 15 acreedores que deben cobrar sus deudas de Correo, y al mismo tiempo figura como director suplente del Correo en 2007 y 2010. El estudio Tonelli es dirigido por el hermano del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli y representa al Correo desde hace años.
Pablo E. Sarín, otro miembro de ese estudio, es vicepresidente de Correo desde 2011; Mercedes Tonelli, abogada del estudio e hija del diputado, también cobró honorarios de Correo. Asimismo, en su última declaración jurada, el diputado Tonelli “manifestó tener el 50% de las acciones de una sociedad civil que lleva el nombre del estudio jurídico y su dirección”.
De acuerdo con la periodista, lo mismo ocurre con Claudio G. Lehmann, Germán G. Carnevale, Susana Piantelli y otra docena de abogados que representan a la mayor parte de los acreedores y a la vez tienen vínculos con el Correo.
La causa tramita en el juzgado de Ariel Lijo y era investigada por el fiscal Juan Pedro Zoni, pero esta semana fue desplazado y se colocó en su lugar al fiscal Gerardo Pollicita.
