El pedido de auxilio llegó pocas horas antes de la Nochebuena. E.M.I. se había escapado de su encierro, junto a sus hijos, y alcanzó a ir a una comisaría.
Allí contó cómo había sido entregada por su pareja –y padre de sus dos hijos de 7 y 10 años- como parte de “pago” de una deuda a un hombre que la explotó sexual y laboralmente, en una casa-taller de Flores.
Esa misma tarde, los policías se comunicaron con el Programa de Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. “Nunca habíamos escuchado algo así’”, relató a Infojus Noticias Vanesa Lorenzetti, integrante del programa.
En los últimos días, y tras poco más de seis meses de investigación, el fiscal Ramiro González pidió la elevación a juicio oral de la causa, en la que están imputados dos hombres por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y reducción a la servidumbre, en perjuicio de E.M.I, y sus hijos. Los imputados son un comerciante textil, quien recibió a la mujer en concepto de “pago” de la deuda y el yerno de la víctima, de 28 años.
En el pedido de elevación a juicio realizado por González, titular de la fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº7 al juez Sebastián Casanello, se describen los hechos, que comenzaron a investigarse en esa fiscalía el 30 de marzo pasado. Fue cuando otra hija de la mujer denunció la desaparición de su madre y sus dos hermanos.
Al momento de radicar la denuncia, la joven desconocía que sus familiares ya estaban en un refugio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que trabajó en conjunto con el Programa del Ministerio. En su denuncia, la chica explicó que el padre de los menores de edad hacía varios años que había entregado a su madre como parte de pago de la deuda que mantenía con él, y que luego se fue del país.
Y que desde entonces su mamá era obligada a limpiar su casa del barrio de Flores, a trabajar en el taller clandestino de costura que ahí tenía y a mantener relaciones sexuales con el patrón.
La joven también contó que sabía que a fines del año anterior su mamá había empezado una relación con el padre de uno de sus hijos –el otro imputado- y se había mudado a José León Suárez. Pero que poco después de eso, el tallerista averiguó donde estaba, la fue a buscar junto a otros dos hombres, la secuestró a y la llevó de vuelta a la casa de Flores donde fue violada por cinco hombres.
La chica también contó que se enteró que los menores habían sido llevados nuevamente ahí y que después de unos días los tres habían logrado escapar. También explicó que ella había logrado mantener contacto con su madre a través de una cuenta de Facebook, pero que después había perdido comunicación con ellos y tenía miedo de que hubieran vuelto a ser captados.
Luego de la denuncia, un grupo de policías se presentó en el lugar como posibles clientes del taller y otros quedaron como consigna en la cuadra, en un auto de civil. Alrededor de las 21 de ese mismo día, según consta en el escrito, el tallerista “salió corriendo de la casa hacia los integrantes de la comitiva policial esgrimiendo un arma de fuego, por lo que se lo redujo” y el juzgado autorizó el allanamiento. Allí encontraron documentación de la denunciante y sus hijos, además de distintos tipos de armas, con numeración limada y fajos de etiquetas y prendas de diferentes firmas.
Dos denuncias, una causa y una futura entrega
La denuncia de la hija de E.M.I. se sumó al relato que ella había hecho en las vísperas de Navidad. En aquella denuncia, la mujer que trabajaba “realizando cortes de las telas que luego su patrón enviaba a los talleres ubicados en la zona de Lugano y Mataderos”, que “no había otros trabajadores en él lugar, que sufría de abusos sexuales y que sus hijos vivían allí, quienes a su vez sufrían violencia, tanto física como verbal, por parte de éste”.
El relato figura en el escrito de 37 páginas con el que González requirió la elevación a juicio. A los profesionales del Programa, los menores les contaron que eran obligados a trabajar en el taller y que les “prometían meriendas si trabajaban” y que los "castigaban de rodillas con las manos arriba por más de una hora con la luz apagada” si no lo hacían.
En su testimonio la mujer también contó que poco antes de escaparse, escuchó a al tallerista hablar “por radio con su yerno sobre las intenciones de trasladarla a un privado en la zona de Villa Soldati”, y que se referían a ella como “el chancho”. Y que ese 24 a la mañana los escuchó decir “que ese mismo día tenían que “sacársela de encima”, siendo que luego el tallerista le dijo a ella que se despidiera de sus hijos”, agrega el pedido de elevación.
Tras oír eso, la mujer buscó la oportunidad de escapar junto a sus hijos. En una distracción del hombre se subió a un taxi hasta la casa de su conocida, quién la recibió y la acompañó a la 10°. Fue ahí donde, tras recibir su declaración dieron intervención al Programa.
En el escrito se explica que los profesionales concluyeron que la víctima “presentaba expresiones de conmoción, angustia y autoreproches (en relación a que se tomaran represalias con su familia, con su hija y sus nietos), y que su relato expresaba humillaciones, violencia verbal y física y abusos sexuales reiterados y sistemáticos”.
Esa denuncia dio origen a un expediente en la fiscalía del doctor Rívolo que, meses más tarde, tras la denuncia de la hija de la mujer terminó por unificarse en una sola causa a cargo de González, que tras investigar la causa presentó el escrito para llegar a juicio oral.
*Por: Cecilia Devanna, Infojus Noticias
