En Argentina, cada vez menos niños y niñas viven en instituciones del Estado por falta de cuidados parentales. Desde 2011, el índice de chicos institucionalizados se redujo un 37 por ciento. Pasó de 14600 a 9219 en la actualidad.
La mitad se encuentran alojados en provincia de Buenos Aires y la mayoría son mujeres y 6 de cada 10 llegó fueron separados de su familia tras vivir situaciones graves de abuso. Los datos son parte del relevamiento realizado por la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y Uniferc, en el informe llamado “Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en la República Argentina”.
“La disminución de la institucionalización –reflexiona la coordinadora del Área de Protección de Unicef, Manuela Thourte, en dialogo con Infojus Noticias- es parte de un proceso gradual que implica un sistema de protección más amplio que permite trabajar con las familias para evitar la separación de los niños de sus padres”.
Parte de ese sistema, agrega, son políticas públicas que consisten en “la inclusión de la familia en programas de fortalecimiento, medidas de ayuda económica, como la Asignación Universal por Hijos, o de protección de la salud”. Para Thourte, también es clave que la mayoría de las provincias apliquen la ley de violencia familiar que separa al agresor del hogar en lugar de separar al niño.
Ella fue la encargada de presentar el relevamiento en el marco del Encuentro Internacional “Protección y Autonomía. Adolescentes en transición del cuidado institucional a la vida independiente”, realizado el miércoles y jueves pasado. El primer estudio sobre niños sin cuidados parentales se hizo en 2012. La idea era contar con una herramienta para encarar políticas públicas.
La trasformación el sistema había comenzado antes, en 2005, con la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora, con el segundo relevamiento, los datos hablan por sí solos: la mayoría de los niños que salen de una institución lo hace porque la revinculación con su familia fue exitosa. Siete de cada diez regresan a sus casas una vez superado el conflicto que generó el alejamiento, o bien quedaron al cuidado de su familia ampliada (abuelos, tíos, adultos cercanos), que asumió su tutoría legal.
Los otros dos motivos de egreso del sistema son el haber alcanzado la mayoría de edad (el 12,1 por ciento de los casos). La particularidad es que “egresan cada vez más con un proyecto autónomo de vida”, señaló Thourte. Son chicas y chicos que “saben dónde van a vivir, de qué van a trabajar. En 2011, un 20 por ciento egresaba sin tener un proyecto de vida; ahora es el 8”.
Qué pasa con la adopción
De los 9.219 chicos y chicas sin cuidados parentales, sólo 760 están en condiciones de ser adoptados. Para que eso suceda, un juez tiene que agotar todas las posibilidades de que permanezcan con su familia. En Argentina, sólo 1 de cada 10 llega a esa situación.
“¿Qué cambios beneficiosos puede introducir el nuevo Código Civil y Comercial para quienes no están en condiciones de ser adoptados?”, consultó Infojus Noticias. “En realidad del Código Civil acelera los tiempos para dictar la situación de adoptabilidad”, explica la especialista.
“Pero hay que tener en cuenta que las familias aspirantes a adoptar quieren, en su inmensa mayoría, niños menores de dos años y los chicos que viven en instituciones son de todas las edades. Lo que va a permitir el Código Civil es que los niños no se eternicen en las instituciones”.
Según explicó, “las consecuencias de permanecer años institucionalizados son muy negativos para la psiquis y el desarrollo físico y emocional de un niño. Múltiples estudios internacionales así lo demuestran. Además de las consecuencias futuras, lo más importante es que los niños institucionalizados tienen vulnerado su derecho a vivir en familia que está garantizado en la Convención sobre los Derechos del Niño”, agrega.
Esos niños son parte del desafío. A partir de la puesta en práctica de la Ley de Protección Integral de la Infancia, no hay instituciones que alberguen cientos de niños y adolescentes. En estos tres años, afirmó Thourte, el Estado mejoró la supervisión de las instituciones de cuidado en todas las provincias y amplió la cobertura pública.
Unicef Argentina trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de operadores y equipos técnicos del sistema de protección y de las instituciones de cuidado de diversas provincias, para ayudarlos a adquirir herramientas para poder trabajar junto a los chicos en el diseño de su propio plan de vida.
“Principalmente se trabajó más fuertemente con las familias para que puedan hacerse cargo de criar a sus hijos, en lo que se conoce como medidas de protección integral, y seguimos trabajando para que no se institucionalicen niños por cuestiones materiales o pobreza como sucedía antes de la vigencia de la ley 26061”, agrega.
Sobre la violencia
El motivo que determina con más frecuencia el ingreso de los chicos a los hogares es la violencia. Más de la mitad de ellos quedó bajo el Sistema de Protección del Estado porque fue separado de su familia por situaciones de maltrato grave (52,6%).
Además, el 22,8 por ciento sufrió abandono, una variable en descenso; el 19 padeció abuso sexual, un motivo que se volvió más recurrente en los últimos años. “Siempre institucionalizar a un niño es la peor medida que podés tomar, la medida más extrema es separarlo da su familia. Antes, se solía separar a los niños por casos de negligencia, que eran considerados abandono. Ahora se busca evitar esa situación”, señaló Thourte.
El cambio obedece a nuevos modos de trabajo con las familias. Según un estudio de Unicef, la violencia es común a todas las franjas sociales. Un 46,4 por ciento de los padres reconoció usar la violencia física como forma de disciplina con sus hijos.
