El ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, relativizó hoy sus dichos acerca de la existencia de un entramado de corrupción en torno a la obra pública durante la gestión kirchnerista al señalar que “ninguna de las empresas industriales” que forman parte de esa entidad “participó como contratista del Estado” y que él mismo tampoco había participado de “ningún negocio con el Estado”.
Así lo afirmó al declarar esta mañana como testigo ante el fiscal federal Federico Delgado en el marco del expediente que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al detenido ex secretario de Obras Públicas José López, a raíz de afirmaciones periodísticas en las que había dado cuenta de supuestas comisiones que los empresarios habrían tenido que pagar a funcionarios públicos.
“Hice un comentario general. Realicé declaraciones en un tema que era de dominio público”, aseveró Méndez ante el fiscal Federico Delgado en un testimonio en el que, además, remarcó no haber participado personalmente de “ningún negocio con el Estado”, como así tampoco “ninguna de las empresas industriales que forman parte de la UIA”.
No obstante, admitió, aunque sin aportar pruebas al respecto, que existía un “tácito pacto de silencio” por el cual "nadie investigaba ni preguntaba cuál era la relación entre cada uno de los empresarios con los funcionarios públicos", con lo cual "cada compañía maneja su silencio con el Estado".
Por otro lado, sostuvo que, cuando en declaraciones periodísticas había señalado que él también había sido “cómplice de muchas cosas”, se había referido, en verdad, al "destrato" y al "avasallamiento" del sector industrial por parte de “los funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”.
“Tenían actitudes que avasallaban al sector industrial y yo las tuve que soportar como presidente de la UIA, mirando hacia otro lado, para que mis representados no se vieran perjudicados”, aseveró Méndez al declarar como testigo en la causa que tramita en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, consignaron fuentes judiciales.
Allí, remarcó que “ninguna de las empresas industriales" que forman parte de esa entidad "participó como contratista del Estado" durante la gestión del Frente para la Victoria.
