Este 28 de junio se cumplen siete años desde que la élite hondureña, patrocinada por Estados Unidos, dio el golpe de Estado político, militar y empresarial a la democracia e institucionalidad y los resultados del zarpazo son visibles, explican defensores de derechos humanos, líderes sociales y analistas económicos que han conversado con este periódico.
Desde el derrocamiento de Manuel Zelaya, se profundizó el neoliberalismo, se revirtieron las reformas que emprendió el gobierno que dirigió, como el financiamiento a la producción y vivienda y se profundizó la devaluación de la moneda, acrecentando el empobrecimiento de la población.
La dictadura y los gobiernos ilegítimos posteriores han desarrollado tareas represivas que incluyeron el asesinato de dirigentes políticos y sociales, como el de la dirigente ambientalista Berta Cáceres, ya sea por acción u omisión ante el accionar de sicarios vinculados a distintos poderes económicos y políticos.
Como resultante de esta subversión del orden constitucional patrocinada por el gobierno norteamericano se ha gestado en la nación istmeña una nueva organización política que se referencia en el ex presidente Zelaya y que ha modificado el panorama partidario local.
