La presidenta brasileña Dilma Rousseff, apartada del cargo mientras es juzgada por el Senado, dijo que su “impeachment” (juicio político) es un intento de la oposición para frenar las investigaciones de corrupción de la Operación Lava Jato.
“Creo que este proceso de impeachment es un golpe”, dijo Rousseff, en visita a Salvador de Bahía, donde señaló que el Ejecutivo del presidente en ejercicio, Michel Temer, trata de “acabar con las investigaciones sobre corrupción”, ya que afectan a su partido.
Apartada del poder desde el 12 de mayo pasado, cuando inició el proceso de juicio político contra ella en el Senado brasileño, Rousseff asegura que su “impeachment” se debe a un “golpe” urdido por la oposición y está comandado por su vicepresidente y actual presidente interino.
La presidenta criticó en las últimas semanas la política económica de Temer, quien aplicó un plan de recortes para limitar el aumento del gasto y la deuda pública, y señaló que ese programa jamás obtendría el respaldo de los electores.
“Es un programa de gobierno que no pasó por las urnas, y justamente porque no pasó por las urnas puede ser aplicado únicamente utilizando ese mecanismo que es un impeachment fraudulento y golpista”, dijo Rousseff en Bahía, un estado al nordeste de Brasil donde está buena parte de su feudo electoral.
Rousseff parecía haber quedado apartada del poder definitivamente con la apertura del juicio político hace apenas un mes, pero ahora algunos senadores que votaron a favor de abrir el “impeachment” indicaron que, tras los escándalos de corrupción que afectan al gobierno de Temer, podrían rechazar la destitución de la mandataria.
La apertura del proceso de “impeachment” recibió en mayo pasado 55 votos a favor y 22 en contra, apenas uno más de los 54 necesarios para que Rousseff sea apartada definitivamente del poder en un juicio actualmente en marcha y que debe terminar antes de septiembre.
Si dos o más senadores cambian de opinión y rechazan en el voto definitivo la deposición de Rousseff, la mandataria volvería a la presidencia de Brasil hasta finales de 2018.
Los analistas indican, sin embargo, que sería prácticamente imposible que pudiera recibir el apoyo del Legislativo para aprobar leyes, por lo que la única salida sería convocar elecciones anticipadas.
