Es imposible no unir este hecho a otros ocurridos recientemente, que han generado un fuerte impacto social y debate público y, por lo tanto, obligan a todos los poderes del Estado a reacciones responsables que no promuevan más violencia y se ajusten plenamente al estado de derecho.
Las recientes declaraciones del presidente Mauricio Macri son un alerta en el debate público sobre la seguridad. Frente a la expresión de cualquier tipo de violencia, el Estado debe actuar solamente generando reacciones responsables que no promuevan la resolución de ningún conflicto mediante el uso de más violencia sino que promuevan la paz y el funcionamiento de las instituciones.
En este sentido, es inadmisible que el Presidente hable de manera irresponsable sobre una situación tan delicada y desconozca el alcance que pueden tener sus declaraciones. Porque con este proceder contribuye, sin ningún tipo de reparo, a amparar acciones violentas —que son crímenes— como mecanismo para la resolución de conflictos que son fundamentalmente sociales.
En su línea argumental, al denominar a quien cometió el delito como “ciudadano sano y querido”, Macri relativiza la gravedad del crimen y por lo tanto niega la condición de víctima a quien no sería considerado sujeto de derecho. Sobre la base de esto operan luego las expectativas de administración de justicia. Esto no sólo abona un proceso de estigmatización muy fuerte sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad, construyendo un consenso social peligroso y autoritario, sino que además promueve condiciones para un accionar limitado y deficiente de las instituciones del Estado como la justicia.
Pero, además, esconde la ausencia del Estado para garantizar el bienestar de las personas. Porque ahí donde hay “justicia por mano propia”, simplemente no hay justicia para nadie. Y, cuando no hay Estado ni justicia, la violencia se amplifica en múltiples sentidos.
Cada nuevo hecho debe interpelar al Estado, y sobre todo a quienes gobiernan, para que de una vez por todas pongan en marcha políticas de seguridad eficaces que abandonen la demagogia punitiva y la mano dura. Estas políticas han demostrado ser ineficientes para resolver el delito y la violencia. Por el contrario han generado más violencias, conflictos y corrupción.
Estas violencias, que se despliegan entre las personas y el modo en que son abordadas mediáticamente —especialmente por las empresas hegemónicas de la comunicación—, son el síntoma de una desigualdad estructural que pone en evidencia la ausencia del Estado. Cada nuevo hecho debería ser pensado como un reclamo para el fortalecimiento de políticas públicas de inclusión. Pero de ningún modo los funcionarios públicos pueden amplificar procesos de segregación social que sólo abonan la génesis de más violencias.
No queremos vivir en una sociedad que enfrenta a unos con otros. La democracia ofrece múltiples caminos hacia el bienestar de todos. Recorrerlos y garantizarlos es la obligación inexcusable del Presidente de la Nación.
