Vega, que hace cerca de 20 años lucha ante la Comisión por el caso del cordobés, estuvo acompañado además por el embajador especial para los Derechos Humanos de Cancillería, Leandro Despouy, quien aseguró que "el propósito fundamental" de la presentación es que habiéndose agotado todos los caminos de la jurisdicción interna "la CIDH se pronuncie de fondo" de forma "urgente", y se logre así que Saldaño pueda salir del "corredor de la muerte" en el que se encuentra hace dos décadas.
"El propósito fundamental es que él pueda ser retirado de las condiciones inhumanas en las que se encuentra", explicó Despouy a Télam, detallando que lo que el Estado argentino pide a la Comisión es que se cumplan las condiciones de buen juzgamiento y que eso lleve a que sea "retirado de las condiciones" en las que se encuentra que, con el correr de los años, le han ocasionado "graves" daños psicológicos.
"Es una preocupación humanitaria que ha recibido el apoyo por unanimidad" no sólo del gobierno argentino sino también del propio Departamento de Estado norteamericano, que años atrás dio un giro clave para el caso, de varios países de la región e incluso del papa Francisco, que transmitió a Vega su apoyo en la visita que el abogado realizó al Vaticano en junio.
El letrado, conocido en las oficinas de la CIDH en Washington por su intensa e irrenunciable defensa del caso, resaltó también el hecho de que no se está buscando plantear la inocencia de Saldaño, que fue acusado por el asesinato de un comerciante en 1995, sino que "lo que está en discusión es el sistema judicial" de Estados Unidos.
El "caso testigo", como él lo llama, es "inédito por tres elementos: porque está la pena de muerte, porque está la discriminación racial, y porque golpea al sistema judicial más garantista que tiene el planeta que es el estadounidense", aseguró.
Vega mencionó a Télam que Saldaño "no es uno más" de los condenados a muerte que pueden haber en los 32 estados que aún utilizan esa pena, dado que cuenta con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia norteamericana que dio como "nula" la primera condena al considerar que fue motivada por razones de "discriminación racial".
"Después Texas se vio obligado a hacer un segundo juicio. Fue tan perverso como el primero, no ya por la discriminación racial que no podía entrar, sino porque se juzgó a un loco. Eso en términos técnicos es incompetencia procesal, no tenía ninguna posibilidad de defenderse ni de colaborar. Para colmo esa degradación mental era responsabilidad exclusiva del Estado denunciado, porque era consecuencia de su permanencia en el 'corredor de la muerte'", aseguró Vega.
Tras el rechazo del "habeas corpus" por parte de una corte federal que habilitó a Texas a llevar adelante la ejecución, ahora el único recurso que queda es el pronunciamiento de la CIDH, que se espera responda a la "urgencia" que exige el caso y llegue antes de que finalice el año.
"Eso es lo que esperamos y lo que la CIDH va a pedir", dijo Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y ex titular de la Comisión, sobre la solicitud de que Saldaño sea removido del lugar y situación en la que está y que reciba el tratamiento psicológico que necesita por parte de una institución.
Amplio conocedor del tema, Cantón agregó no obstante que Texas es un estado difícil, "que en general no le hace caso ni al mismo Estado federal"- pero los antecedentes -como el cambio de posición del Departamento de Estado- lleva a que se "guarden las esperanzas" de que el reclamo se cumpla.
De darse el peor de los escenarios, la mamá de Saldaño, Lidia Guerrero, ya indicó al abogado de su hijo que a pesar de todo el padecimiento desea que el caso "sirva para otros" que están atravesando la misma situación.
