Barcesat, quien participó de las jornadas interdisciplinarias sobre los juicios al terrorismo de Estado que se desarrollaron en distintas provincias del país, explicó a Télam que “la reforma del código de procedimiento civil y comercial que violó el principio de soberanía y facilitó que se entregara la jurisdicción de las resoluciones de los pagos de deuda al estado de Nueva York todavía lesiona el derecho de autodeterminación argentina”.
“Por eso, el proyecto de ley de Pago Soberano es un primer paso para ir resolviendo estas cuestiones”, dijo.
No obstante, analizó que “a esta ley, tendría que seguirle el análisis de la anulación de esa cláusula 1 de Martínez de Hoz que establece, ni más ni menos, que la sumisión de soberanía legislativa y jurisdiccional” en el marco de las reestructuraciones de deuda.
Barcesat explicó que el articulo 1 del código de procedimiento civil y comercial contempla que “se puede pactar una jurisdicción extranjera para el cumplimiento de los contratos de reestructuración de deudas, y viola el conocido principio de territorialidad, que establece que si algo se hizo acá, se juzga aquí”.
“Martínez de Hoz, en abril del 77, le agrega un párrafo diciendo que el estado en sus relaciones negociables puede establecer una jurisdicción extranjera, y tras eso vinieron los contratos de la deuda externa argentina que llegaron a 48 mil millones de dólares, cuando antes del llamado Proceso de Reorganización Nacional, la deuda no llegaba a 7 mil millones”.
Barcesat recordó que “uno de los principios que habían esbozado los militares, entonces, era el de 'Acabar con la humillante deuda externa Argentina', pero sucedió todo lo contrario”.
Por eso, celebró también la creación de una comisión bicameral que estudie cómo fue contraída y aumentada la deuda, sobre todo desde 1976 hasta el 2001, pero lamentó que el resultado que arroje el estudio “sólo pueda tener carácter testimonial, histórico, ya que en la práctica no incidirá en los resultados”.
También destacó la importancia de que a futuro se establezca una ley internacional de quiebras, pero analizó que “es un proceso largo que puede insumir unos dos o tres años cuando en lo concreto ya hay nuevos vencimientos”.
No obstante, consideró que “la ley de quiebras que se aplica en una empresa privada no tiene por qué diferir de lo que sucede en los estados” y recordó que “para que un acuerdo de pago de sea vinculante requiere los dos tercios de los acreedores verificados y los dos tercios del monto de los créditos, y la Argentina ya superó ampliamente esos parámetros, llegando a un acuerdo con el 92, 4 por ciento de los bonistas”.
“Sin embargo, el juez Thomas Griesa no aplica en este caso la ley de Estados Unidos ni la de la Argentina -en materia de quiebras- y no hay ninguna buena razón para no aplicarla, porque una reestructuración de deuda no tiene diferencias a nivel jurídico se trate de empresas o de un Estado”.
Barcesat explicó que conocer cómo ha sido la generación y el incremento de la deuda es “fundamental para saber cómo de los 7 mil millones de dólares pasamos a los 48 mil millones, cómo se renegociaron esos contratos, ver qué pagos se hicieron, que fueron bastantes, y analizar cómo a pesar de eso y de negociaciones posteriores, la deuda nunca se ha extinguido y por el contrario, todavía amenaza la vida de los argentinos”.
“Hay que tener conciencia de por qué ocurrió lo que ocurrió, y ver cómo en la actualidad, cuando se intenta resolver este tema, todavía se escuchan voces contrarias”, dijo el jurista.
En este sentido, Barcesat parafraseó la frase del filósofo Albert Camus, cuando decía que “el vacilo del Estado terrorista es uno de los más resistentes”, y analizó que “sólo así se explica que renazcan determinadas expresiones como las del ex ministro Domingo Cavallo o como las del economista José Luis Espert, y de los testaferros de los fondos buitre que todavía insisten en que hay que cumplir con la sentencia de Griesa”.
Barcesat analizó que el terrorismo de Estado que sufrió la Argentina, la complicidad de los grupos económicos y del poder político y judicial son “debates que todavía la sociedad argentina debe darse en profundidad, porque son hechos que lejos de haber quedado en los libros de historia tienen una gran vigencia, no sólo en el plano político sino también en la vida social, cultural y económica del país”, concluyó.
