El izamiento de la bandera palestina en ONU, es el símbolo de la lucha del pueblo
Recordemos que el 27 de agosto pasado la Autoridad Nacional Palestina (ANP) presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un proyecto de resolución que le permitiese izar su bandera en la sede del organismo supranacional, como parte de una ofensiva diplomática, política y jurídica que le permita avanzar contra la política de ocupación israelí de sus territorios. Su aprobación permitirá a la delegación palestina y a Mahmud Abás poder intervenir en la Asamblea General, a fines de septiembre, teniendo la bandera de su país ondeando junto a la de los 193 miembros de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La importante disposición de la entidad internacional fue aprobada mayoritariamente con 119 votos a favor, 45 abstenciones y sólo ocho votos en contra entre ellos, lógicamente el voto israelí, Estados Unidos y sus aliados incondicionales como son Canadá, Australia y algunas islas de la Polinesia que suelen votar según lo dictamine Washington, como son Tuvalu, Estados Federados de Micronesia, Palau y las Islas Marshall – que hasta el año 1990 estuvo bajo el fideicomiso estadounidense – el embajador de Israel ante la ONU, Ron Prosor solicitó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon y al presidente de la Asamblea General, el ugandés Sam Kutesa, bloquear el proyecto presentado bajo el argumento que izar banderas de miembros no plenos iba contra las prácticas de la ONU.
Tal opinión fue derrotada contundentemente pues el proyecto fue defendido por varios países de Asia, África y Latinoamérica en concordancia con la decisión del 29 de noviembre del año 2012 que estableció el carácter de observador del Estado palestino. Hasta la decisión de permitir el izado de la enseña palestina las normas de la ONU, creada hace siete décadas, establecían que sólo los miembros de pleno derecho tenían la potestad de colocar sus banderas en la sede de la ONU. Para Riad Mansur, observador permanente palestino ante la ONU esta medida "sin duda tiene un carácter simbólico, pero ayuda a reforzar los cimientos del Estado palestino y ofrece una luz de esperanza en momentos que el proceso de negociación con la entidad sionista se encuentra paralizado". Para el primer ministro palestino, Rami Hamdalá, el izar la bandera palestina en la sede internacional, “es un camino que llevará a Palestina al estatus de miembro de pleno derecho de la ONU”.
El canciller argentino, Héctor Timerman ha sostenido, en una opinión compartida por países como Bolivia y Venezuela que “lo que realmente debería estar haciendo la Asamblea General de las Naciones Unidas es votar para que Palestina sea un miembro de pleno derecho en una organización que indudablemente necesita reformas”. En cambio Washington, a través de Samantha Power, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, que votó en contra señaló que “esta decisión de izar la bandera palestina en la sede de la ONU no es una alternativa ni un aporte a las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes y no acercará las partes a la paz”.
En la misma línea de desprecio a este tipo de acciones, que equivocadamente son minimizadas por Israel y su aliado incondicional, el embajador del régimen de Israel ante la ONU, Ron Prosor, acusó a los palestinos de intentar "ganar puntos fáciles e insignificantes en la ONU”. Para este declarado sionista “ningún voto puede convertir un gesto simbólico vacío en un estado. Las vidas de palestinos e israelíes seguirán siendo las mismas si ondea o no una bandera palestina en las Naciones Unidas. Todo lo que oculta este triunfo diplomático es una oportunidad fotográfica para Mahmud Abás”.
No hay enemigo pequeño
Error garrafal el de estos políticos pues, si algo ha enseñado la historia es que no existe lucha insignificante en la búsqueda de soluciones mayores y ejemplo de ello es la campaña de recolección de firmas en Inglaterra – que ya contabiliza 110 mil - destinadas a solicitar la detención de Benyamin Netanyahu por crímenes contra la humanidad, cuando este dirigente israelí visitara Londres.
El Gobierno inglés ante la magnitud de las firmas que rechazaban la visita de Netanyahu se vio obligado a emitir una declaración que dejó claro que “el Reino Unido es un estrecho amigo de Israel y Netanyahu goza de completa inmunidad bajo el protocolo diplomático. Reconocemos que el conflicto en Gaza el año pasado dejó pérdidas terribles de todas maneras, el primer ministro fue claro en el reconocimiento del Reino Unido al derecho de Israel a la acción proporcionada para defenderse, dentro de los límites del derecho humanitario internacional". Para el Gobierno conservador de Cameron el uso de fuerza aérea, terrestre y naval contra la población de Gaza es muestra de proporcionalidad lo que permite visualizar que Tel Aviv seguirá teniendo el respaldo en su política de ocupación con argumentos tan espurios como los señalados.
La recolección de firmas anti-Netanyahu y solicitando su detención generó la inquietud de la entidad sionista y su gabinete, que seguramente pensaron más de dos veces la posibilidad de continuar la polémica visita a una de las capitales donde el lobby sionista se deja sentir con fuerza pero también la indignación social frente a la política exterior del Gobierno de Cameron con referencia a la situación en Palestina, así como también en Siria y en el tema de refugiados. Medios internacionales consignaron que líderes sindicales y legisladores británicos manifestaron su oposición a la visita de Netanyahu en una carta publicada el lunes 7 de septiembre en el diario The Guardian. El texto enfatiza que Netanyahu "debe asumir la responsabilidad por los crímenes de guerra identificados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en sus investigaciones sobre el ataque de Israel a Gaza en 2014". El cineasta Ken Loach y otras celebridades añadieron sus firmas a la carta, que señala que Cameron "no debería dar la bienvenida al hombre que preside la ocupación de Israel y su cerco a Gaza".
Prueba del temor israelí se vivió a fines de junio del 2015 cuando Shaul Mofaz, exministro de asuntos militares y exjefe del estado mayor del régimen de Israel durante la segunda Intifada palestina fue detenido al bajar del avión en Londres bajo las acusaciones de violar el estatuto de Roma y la Cuarta Convención de Ginebra lo que significó nerviosas llamadas de la embajada sionista y del Departamento de Estado norteamericano para solicitar su liberación, logrando finalmente su deportación. Ya el año 2002 un abogado británico presentó un expediente al director de la Fiscalía del Reino Unido solicitando que Mofaz fuese investigado por crímenes de guerra como los asesinatos selectivos y la demolición de viviendas palestinas. El sospechoso salió del Reino Unido rápidamente cuando se enteró de la presentación del expediente.
Lo señalado hace recordar lo sucedido con el general sionista, Doron Almog, ex comandante militar en la ocupada Franja de Gaza, que había viajado con destino a Londres y se negó a bajar del avión de la Línea Aérea israelí El Al, pues una organización británica pro-palestina lo había denunciado por “crímenes de guerra contra palestinos”. Almog dio media vuelta y regresó a los territorios ocupados palestinos en la misma aeronave. En la misma situación se encuentran otros denunciados por abogados libaneses ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya el 10 de diciembre de 2008: el ex primer ministro Ehud Barak y otros ex altos cargos militares y políticos sionistas: Ehud Olmert, Matan Vilnai, Avi Dichter y Gabi Ashkenazi, todos ellos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por ordenar y mantener el estado de sitio en Gaza.
En agosto de 2006, se presentó una demanda oficial ante el Tribunal Superior de Marruecos contra Amir Peretz por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por bombardeos efectuados en El Líbano. El sospechoso tiene la nacionalidad marroquí. La denuncia fue presentada por 3 judíos marroquíes, todos conocidos por su trabajo en derechos humanos. Se adiciona a estos nombres el de miembros de servicios de seguridad israelí como Carmi Gilón, Eliezer Shkedy, Giora Eiland, Moshe Bogie Yaalon exdirector del servicio de inteligencia militar del régimen de Israel Amos Yadlin y la exministra de exteriores Tzipi Livni. Todos ellos con peticiones de detención vinculadas a las denuncias por crímenes de guerra y contra la humanidad interpuestas ante tribunales británicos e internacionales y especialmente el Tribunal Penal Internacional.
Bien sabe la entidad sionista y su gabinete que no puede despreciar las actividades que grupos de defensa de derechos humanos y activistas pro-palestinos realizan por el mundo. Eso no está paralizado y ha significado que muchos políticos, militares y sospechosos de crímenes contra la humanidad tengan que vivir encerrados por temor a ser detenidos. Palestina, como miembro de la CIJ está preparando la presentación de cuatro acusaciones contra Israel: por los crímenes cometidos en Gaza durante la operación de agresión denominada “Margen Protector” que generó 2350 muertos, diez mil heridos y la destrucción de gran parte de la infraestructura de servicios básicos gazatíes. Además, por el bloqueo económico que la entidad sionista aplica sobre la Franja de Gaza, el muro de 750 kilómetros de largo que segrega los territorios ocupados y finalmente la petición que Israel detenga la construcción de los asentamientos ilegales en tierras palestinas.
Ahora bien, lo que sí está obstaculizado es el proceso de paz para una zona agredida permanentemente por la política sionista de ocupación de territorios, dentro de su plan mayor de expansión. Y no sólo inmovilizado, sino con serias posibilidades de generar una nueva agresión contra la Franja de Gaza dentro del conjunto de acciones que violan el derecho internacional sin que signifique sanción alguna contra el régimen israelí. Esas violaciones son diarias a través del incremento de la política de asentamiento de colonos en los territorios palestinos, compra de casas y edificios en Al-Quds (Jerusalén) en zonas predominantemente árabes en una tarea del régimen israelí destinada, según el dirigente de la Yihad Islámica, Nafez Asam, “a hacer desaparecer los rasgos del Islam en Al-Quds” en una política definida como de judaización de Al-Quds.
La República Islámica de Irán ha sido uno de los países que ha generado una clara y sostenida política de solidaridad con palestina en su lucha contra el sionismo en general y la defensa de Al-Quds en particular. Es así, que el año 1979 el Imam Jomeini denominó que el último viernes del sagrado mes de Ramadán - noveno mes del calendario islámico de la hégira luna – fuese conmemorado como el Día Mundial de Al-Quds, para mostrar un respaldo total a Palestina ante la ocupación de los territorios palestinos y en especial frente a la ciudad santa.
Sumemos a lo mencionado como política de agresión contra palestina las incursiones e incremento de acciones militares en los territorios ocupados, provocaciones a los creyentes musulmanes en el sagrado recinto de la Mezquita Al-Aqsa y la intensificación de las presiones políticas y económicas contra dirigentes y la población de la Franja de Gaza, principalmente. Estos últimos días las fuerzas de ocupación de la entidad sionista han lazando ataques contra la Mezquita Al-Aqsa impulsados por las provocaciones de los sectores ultraortodoxos israelitas, avalados por políticos de ultraderecha, lo que ha significado la irrupción de militares israelitas en uno de los sitios más sagrados para el mundo musulmán, hiriendo a fieles y profanado el recinto en una clara política de provocación que ha sido condenada por múltiples gobiernos.
Por su parte, el último informe anual de los jefes de misión diplomática de la Unión Europea (UE) ante el Gobierno de Palestina, con relación a la política de ocupación de los territorios palestinos por parte de la entidad sionista, han recomendado aplicar una serie de sanciones al régimen israelí por su política expansionista y la extrema tensión y violencia que genera, ejemplificando esa conducta en lo que sucede en Al-Quds donde la polarización y los grados de violencia son descritas como las “peores desde la segunda Intifada”.
El informe señala además, que la construcción de asentamientos ilegales por el régimen israelí “agrava aún más los problemas en los territorios palestinos ocupados, criticando la labor policial y las medidas de coerción y aquellas punitivas de los ocupantes contra el pueblo palestino, donde el tema de los desalojos y demoliciones de hogares implican un grado de violencia inaceptable” El citado documento recomienda aplicar una política de sanciones contra Israel a través de la identificación de aquellos colonos especialmente conocidos por su violencia y restringirles el acceso al territorio de la UE, así como fomentar la concienciación de las empresas del bloque europeo sobre los riesgos de colaborar con los asentamientos ilegales y suministrar indicaciones a los agentes de viajes para que eviten alimentar el expansionismo israelí.
Casi un cuarto de siglo después de la firma de los Acuerdos de Oslo la ocupación sionista de Palestina continúa a contrapelo de resoluciones internacionales, con la violación de los derechos fundamentales de millones de palestinos y una política de agresión, que sólo se mantiene gracias al apoyo de Washington que no cesa el suministro de armas, el apoyo financiero y el sostén político de Israel ante organismos internacionales. En ese marco la lucha diaria del pueblo palestino requiere todas las formas de lucha, donde aquel acto simbólico, pero tremendamente meritorio, como el izar la bandera palestina en la sede del organismo internacional con mayor visibilidad, es un paso valioso, que debe ir acompañado de una política de resistencia activa tanto al interior de Palestina como de las sociedades del mundo a través de la campaña BDS contra la política sionista en los territorios ocupados, que hace 70 años somete al pueblo palestino.
