Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 21:00
Sociedad
(09/03/16 - Violencia Institucional)-.Durante el recorrido, realizado el viernes pasado en forma conjunta con la Fiscalía Federal N°3 y el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, se relevaron personas sometidas al régimen de aislamiento sin estar sancionadas, sin acceso a trabajo, educación o actividad alguna, falta de atención médica y pésimas condiciones de higiene.
En consecuencia, se iniciaron actuaciones judiciales tendientes al cese de las violaciones de derechos y su correspondiente investigación.
Los titulares de la Fiscalía Federal N°3 de La Plata y de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Ana Miriam Russo y Miguel Ángel Palazzani, respectivamente, dispusieron una inspección a la Unidad Penal Bonaerense N° 9, que se realizó conjuntamente con el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria el viernes 4 de marzo.
Fue la primera vez que el Ministerio Público Fiscal realizó un monitoreo en esa unidad del servicio penitenciario bonaerense, donde 1450 personas están privadas de su libertad, en su mayoría procesadas, es decir, sin condena. Por la Procuvin participaron el fiscal ad-hoc José Nebbia, Juan Manuel Introzzi y Luciana Virgolini, y por la fiscalía el secretario Roberto Félix Cipriano García y Juan Castro, junto con los integrantes del Comité Contra la Tortura Fabián Bernal, Luis Onofri y Matías Díaz.
Durante la inspección se recorrieron el sector de aislamiento de convivencia (S.A.C.), el pabellón nro. 2 –también llamado “depósito”-, el pabellón nro. 10 y el área de Sanidad del penal. En todos esos espacios se relevaron las condiciones de alojamiento de las personas detenidas, y se mantuvieron entrevistas confidenciales con ellas.
El aislamiento
En todos los sectores recorridos, las personas viven bajo un régimen de casi 24 horas de encierro en sus celdas. En esta situación deben bañarse, utilizar los sanitarios y comer en las celdas, que son de pequeñas dimensiones. En su mayoría carecen de luz artificial, en tanto que en algunas sólo hay una pequeña ventana cerca del techo, con rejas y un entramado de metal que impide la entrada de luz natural y aire. En todas las celdas se observó la falta de vidrios. A su vez, en uno de los pabellones recorridos se pudo constatar que en cada celda –de diminutas proporciones– se encuentran encerradas dos personas.
Las personas sometidas a este régimen no acceden al trabajo, a la educación, ni a ninguna otra actividad. Tampoco pueden salir al patio de forma regular: generalmente son llevados allí una o dos veces por semana durante aproximadamente 30 minutos.
A su vez, se pudo relevar como una situación de particular gravedad la presencia de personas con graves problemas de salud y patologías mentales, que además de estar sometidas a ese régimen, no cuentan con ningún tipo de asistencia médica o psicológica.
La Procuvin advirtió como “alarmante” que muchas de las personas en régimen de aislamiento no se encontraran formalmente sancionadas, cuando algunas llevaban encerradas más de 20 días. “El aislamiento es un modo de sanción previsto que de ningún modo implica las inhumanas condiciones de vida observadas en la unidad 9”, resaltaron sus integrantes.
La cuestión del agua
Durante la inspección también se observaron otras graves situaciones, referidas a la provisión de agua y al funcionamiento del sistema cloacal y de desagües.
El suministro de agua de algunos sectores es de solamente una hora y media a la mañana, a la tarde y a la noche, momentos en que los detenidos deben aprovisionarse de agua para todo el día y todos los usos: hidratarse, higienizarse, descargar los baños y realizar la limpieza del lugar. Durante las entrevistas, las personas detenidas relataron padecer de fuertes dolores estomacales, diarreas y vómitos, debido al mal estado del agua.
Las instalaciones sanitarias funcionan deficientemente: los lavabos y los inodoros suelen taparse. No hay sistema de cisternas que permita una limpieza eficaz, lo que redunda en que las personas alojadas convivan con la suciedad y el fuerte olor de las cloacas, por lo que deben tapar los inodoros con frazadas o tablas.
Algunas celdas presentan filtraciones en las paredes que llegan a inundarlas. También se observó la falta de grifería en las duchas y la salida permanente de agua en otros casos. En uno de los sectores recorridos, bajo el pasillo al que dan las celdas, corren las aguas cloacales a veces sin tapas, produciendo un fuerte olor en todo el pabellón.
Asimismo, las instalaciones eléctricas resultan de una extrema precariedad, con cables pelados en sus extremos. El riesgo que implica esta situación se agrava con la presencia continua de agua en las celdas.
Las condiciones de higiene
En todas las celdas había humedad y suciedad en las paredes, los sanitarios y el piso. En muchos casos la basura y la comida estaban depositadas en el piso por la falta de mobiliario. El día de la inspección, el almuerzo consistió en arroz con hueso de pollo, arvejas, choclo, tomate y zanahoria. Según las entrevistas, la comida suele encontrarse en mal estado de conservación o cruda, por lo que debe volver a ser cocida o recurrir a los insumos provistos por los familiares de los detenidos.
Se pudo conocer, además, que no hay sistema de acopio de residuos, sino que la basura debe ser arrojada a través de las puertas o ventanas, y se acumula en los pasillos y los patios.
“La Unidad se encontraba plagada de cucarachas, que caminaban por las paredes, camas, sanitarios, pertenencias y comida de las personas detenidas; también se observaron hormigas y otros insectos”, informó la Procuvin. Las personas detenidas también dieron cuenta de la presencia de ratas, que muchas veces entran a las celdas a través de los huecos de la puerta o inodoros, por lo que deben tapar los caños con botellas plásticas. Los escasos elementos de limpieza e higiene personal con los que cuentan los detenidos son provistos exclusivamente por sus familias.
Al término de la inspección, el fiscal ad-hoc José Nebbia y el secretario Roberto Félix Cipriano García, junto con Fabián Bernal y Luis Onofri, se entrevistaron con el director del penal, Daniel Mujica, para modificar de inmediato el régimen de aislamiento de los detenidos del pabellón N° 10 que no estaban sancionados.
A partir de los casos relevados, se iniciaron actuaciones judiciales tendientes al cese de las violaciones de derechos y su investigación.
