(13/03/15 - Ecuador)-.“Ecuador, de acuerdo a la información del expediente, fue parte del Plan Cóndor”, dijo el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, ayer en la Asamblea Nacional, en lo que fue la mayor revelación durante su comparecencia.
El fiscal se basó en un documento oficial de Estados Unidos que ya fue desclasificado. Allí se lee que “a mediados de enero de 1978 Ecuador aceptó el Plan Cóndor, una organización antiterrorista compuesta por varios servicios de inteligencia de países sudamericanos”.
En ese texto se añade que la participación de Ecuador sería a través del comando central de sus Fuerzas Armadas, que a su vez asignó tareas a cada rama. Por ejemplo el Ejército, a través de su unidad de inteligencia, era responsable de compartir información con los países miembros del Plan Cóndor.
Para ese efecto, un militar argentino habría visitado Quito e instalado en el Ministerio de Defensa un sistema de telecomunicaciones.
La Armada estaba a cargo de las telecomunicaciones, mientras que la Fuerza Aérea de la guerra sicológica. El texto menciona incluso un sistema de comunicación denominado ‘Condortel’.
Allí se aclara que Ecuador recibe los equipos de comunicación hasta que compre los suyos. Paralelamente, en Chile de Augusto Pinochet se ofreció a capacitar a los militares ecuatorianos en la Escuela de Inteligencia de Santiago.
La Fiscalía obtuvo varios documentos desclasificados por Estados Unidos, pero que aún tienen censura (las líneas negras).
Chiriboga fue invitado por la Comisión de Justicia para que informe sobre los procesos judiciales en contra de violadores de derechos humanos. El fiscal ofreció cifras, hizo un recuento y casi al final de su discurso comentó la muerte del presidente Jaime Roldós Aguilera.
La Fiscalía reabrió la causa luego de que un documental mostrara evidencias sobre que el fallecimiento no se habría tratado de un accidente aviatorio. Ahora Chiriboga cree que la muerte del exmandatario pudo haber sido una ejecución extrajudicial. Además se estima que varios de los casos de violaciones a los derechos humanos de la época podrían haber sido parte del Plan Cóndor. Chiriboga tiene documentos desclasificados de la CIA (la agencia de inteligencia de Estados Unidos), del Ministerio Público de Paraguay, de Brasil y del Parlamento ecuatoriano.
El Plan Cóndor fue una operación conjunta de las dictaduras del Cono Sur, perpetrado entre las décadas del 70 y 80 para eliminar a opositores políticos. Hasta ahora ninguna autoridad ecuatoriana había oficializado la participación del país en esa operación.
La Fiscalía solicitó la desclasificación de los documentos en Estados Unidos, donde se establece que el Ecuador es uno de los países en los que se aplicaba el Plan Cóndor. “Esa información vamos a procesarla junto con el reporte de la caída del avión presidencial”, dijo.
También informó Chiriboga que va a trabajar con su similar de Paraguay para acceder a los ‘archivos del terror’, denominada así la información clasificada de ese país sobre las dictaduras militares y que también probarían que Ecuador era uno de ellos.
El caso Roldós se investiga desde hace un año y medio y con esta nueva documentación se determinará si en realidad el percance ocurrió por una ejecución extrajudicial, indicó. Además se conformó una comisión con la Procuraduría de Brasil para que revise las circunstancias en que se produjo el accidente aviatorio, para lo cual “ya están trabajando en este aspecto técnicos de ese país, a quienes enviaremos toda la documentación del caso”, agregó.
El asambleísta de la Comisión de Justicia, Fernando Torres, señaló que “de comprobarse (las declaraciones de Chiriboga) sería gravísimo y cambiaría la historia del país”.
El Fiscal criticó que el resultado del informe sobre el accidente de Roldós se entregara en apenas 8 días, lo cual generó dudas. “Lo que buscamos es tener certeza y confianza en que la información que se nos ha dado sobre la muerte de Roldós obedece a circunstancias probadas”, dijo.
El expresidente murió el 24 de mayo de 1981, junto con su esposa, Martha Bucaram, durante un vuelo. Todas las versiones oficiales indicaron que fue un accidente aéreo, pero en el imaginario de los ecuatorianos siempre ha existido la creencia de que fue un atentado. Y esa tesis fue reforzada por el documental ‘La muerte de Roldós’, estrenado el año pasado.
Crítica a Estados Unidos
Chiriboga reclamó la falta de colaboración de EE.UU. en la extradición de personas solicitadas por la justicia ecuatoriana, en referencia a mandos policiales y militares que están en el país norteamericano y que ahora enfrentan procesos por su participación en violaciones a los derechos humanos.
Chiriboga recordó la reciprocidad que rige las relaciones internacionales. Ecuador, agregó, siempre ha colaborado con Estados Unidos cuando ha requerido a una persona.
Por mandato constitucional, el país no puede extraditar a un nacional, pero está comprometido a juzgarlo por los delitos que haya cometido en el extranjero. De hecho esa figura se aplicó para un ecuatoriano que delinquió en España.
El fiscal pidió a la Asamblea Nacional tramitar una enmienda constitucional que permita juzgar en ausencia a las personas acusadas de violaciones a los derechos humanos.
Demora en reglamento
A la par de las declaraciones del Fiscal, la Comisión de Justicia de la Asamblea convocó a varias autoridades para que expliquen qué han hecho en cuanto a la ejecución de la Ley de Víctimas.
La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, indicó que hubo demora en la elaboración del reglamento para el pago de indemnizaciones a las víctimas, porque se encargó a 2 entidades del Estado producir un mismo documento relacionado con reparaciones materiales e inmateriales.
Además justificó con la ley la participación de su institución en el proceso de reparación. Agregó que tienen reuniones de coordinación con la Defensoría del Pueblo, que al momento tiene en trámite 147 peticiones de reparación inmateriales, después pasarán al Ministerio de Justicia, donde discutirán el monto de la indemnización a la que tendrían derecho.
Francisco Borja, ministro de Cultura, dijo que en 90 días estaría listo el Museo de la Memoria, uno de los mandatos de la ley anteriormente citada.
Ahora la Comisión de Justicia, presidida por el legislador Mauro Andino, elaborará un informe que será puesto a consideración del pleno de la Asamblea.
Fuente: El Telégrafo
