Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 15:02
Sociedad
(07/11/15 - Lesa Humanidad)-.Están siendo juzgados junto a otros tres ex magistrados y fiscales mendocinos por su rol durante la última dictadura. El abogado querellante Pablo Salinas, que patrocina a gran parte de las más de cien víctimas del juicio, denunció que los acusados buscan “ganar tiempo para que un eventual triunfo de Mauricio Macri les lleve buenas noticias”.
Los querellantes en el “juicio a los jueces”, en la provincia de Mendoza, creen que algunos imputados esperan que los resultados del ballotage les den la oportunidad de eludir a la justicia. “Después de 200 audiencias y más de 150 testigos examinados, Otilio Romano y Luis Miret pidieron declarar por primera vez en dos años por todos los casos en que se los acusa. Estuvieron dos meses declarando, algo que el tribunal consintió, y ahora el abogado de Romano pidió citar a otros 50 testigos. El tribunal decidirá si lo concede la semana que viene”, dijo a Infojus Noticias el abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Pablo Salinas.
El abogado, que patrocina a gran parte de las más de cien víctimas del juicio, se mostró muy alarmado por —lo que considera— la estrategia judicial de los reos: ganar tiempo para que un eventual triunfo de Mauricio Macri les lleve buenas noticias. El 26 de octubre, la mañana siguiente a la primera vuelta electoral, el abogado Ariel Sibit pidió la excarcelación del ex juez Romano “anunciando que existirían consecuencias para aquellos que lo acusaron”, contó Salinas. El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general de la provincia, Dante Vega, también se opuso al pedido. “Todos esperamos que el pedido se rechace, porque está clara la estrategia”, dijo Salinas.
Romano fue fiscal federal y Miret juez durante la última dictadura. Ahora están siendo juzgados junto a otros tres ex jueces y fiscales mendocinos —Guillermo Petra Recabarren, Gabriel Guzzo, y Rolando Evaristo Carrizo—, y 40 policías y militares que cumplían tareas en el D2, uno de los peores centros clandestinos de detención y torturas en la provincia. El debate oral que intentan dilatar concentró 106 causas judiciales y por cantidad y status de las víctimas, es el más importante de la historia de la provincia.
En los descargos, que se prolongaron por más de dos meses, Miret y Romano —que integraron hasta hace poco tiempo la Cámara de Apelaciones mendocina— insistieron en que no tenían competencia para investigar las denuncias de los familiares de los secuestrados que llegaban hasta sus despachos, porque era tarea de los tribunales militares.
El rechazo de habeas corpus
“Cuando yo le pregunté a Romano por qué no hacía como otros fiscales que se habían declarado incompetentes, respondió que lo había hecho para quedarse con los expedientes, que después no investigaba. O sea: se quedaba con la causa, no investigaba y le pedía el sobreseimiento provisorio a Miret, que con una resolución siempre igual lo aceptaba. En el más leve de los casos, estaba encubriendo decenas de secuestros”, razonó Salinas.
Miret y Romano sabían muy bien de qué se trataban las ausencias que se multiplicaban en las presentaciones de habeas corpus: habían sido jueces subrogantes en los años anteriores al golpe de Estado, y habían oído de primera mano, de los detenidos en comisarías por infringir la ley 20.840 (“ley antisubversiva”), la existencia de interrogatorios con golpes y torturas.
Salinas llama industrialización de la impunidad al derrotero judicial que pusieron en marcha los funcionarios de la justicia que permitía que las denuncias de los familiares terminaran casi siempre de la misma manera. “Romano se quedaba el expediente, no investigaba, y lo caratulaba como autores desconocidos por averiguación de infracción a ley 20.840 en lugar de caratularlo como secuestro. Eso quiere decir que culpabilizaba por el secuestro al propio secuestrado.
Después, como no pedía pruebas, pedía su sobreseimiento provisorio y Miret tenía una resolución preparada que decía ‘tal como lo dictaminó Romano, archívese’”, detalló el querellante. Ese esquema, comprobó Salinas durante el juicio, fue sistemático: el 31 de mayo de 1976, Romano estampó su sello y firma en diez expedientes pidiendo el sobreseimiento. El 8 de junio, una semana después, Miret rubricó la aprobación de esos diez pedidos.
El caso testigo
Virginia Adela Suarez tenía 22 años, era maestra, militante del PRT-ERP y estudiaba en la vieja escuela de Periodismo de Mendoza. El 13 de mayo de 1976, hombres vestidos de civil, armados, que dijeron ser de las fuerzas de seguridad, entraron a la madrugada a su casa, donde vivía con su hermano Carlos Suarez y su madre María Hilda Haydee Moreno.
La obligaron a ponerse boca abajo en la cama de su habitación, junto con su hijo. Después entraron a la habitación de Virginia, la interrogaron, y se la llevaron descalza y con ropa de dormir. No encontraron armas, pero se llevaron una máquina de escribir, un proyector de diapositivas y todos los artículos de oro que encontraron.
Fueron su madre y su hermano quienes lo denunciaron el mismo día en la Comisaría Séptima de la Policía de Mendoza, que funcionó como un centro clandestino de detención, y ante el Comando de la Octava Brigada de Infantería de Montaña. Después presentaron dos habeas corpus ante Romano.
El 27 de mayo, el fiscal federal inició el expediente en el que también intervenían el juez Miret y el secretario judicial Gerardo Walter Rodríguez. Y actuó sin perder tiempo: el 28 de mayo de 1976 se declaró competente por la ley 48 de competencia federal y sin pedir medidas de prueba —y en el mismo documento— solicitó “sobreseer provisoriamente estas actuaciones”. En otras palabras: tardó 24 horas en pedir que se archivara.
El 8 de junio de ese año, su colega Miret le dio el gusto. También se declaró competente para resolver la causa. “De la prevención sumaria legalmente instruida no resulta quien o quienes sean el o los autores del hecho delictuoso incriminado, sus cómplices o encubridores si los hubiere, ni indicios suficientes para determinarlo”, se lee en el expediente al que accedió Infojus Noticias. Después, de acuerdo “a lo dictaminado por el Señor Procurador Fiscal, resuelvo sobreseer provisoriamente el presente caso -escribió Miret- hasta la aparición de un nuevo elemento probatorio”, que, por supuesto, nadie nunca buscó. Al pie del documento Miret estampó su firma.
En diciembre de 2005, Alicia Rodríguez, una de sus compañeras de la escuela de Periodismo, escribió sobre ella desde Santiago de Chile. Contó cómo le quedó grabada su imagen una noche, durante la toma de la escuela, en que la vio envuelta en un poncho y riéndose de las canciones de Billy Hunt. “Tengo también la sensación de verla tranquilizándome cuando yo estaba aterrada por lo que pasaba, por la represión, las torturas y el encarcelamiento. Siempre con esa sonrisa franca y abierta, y esa mirada profunda e inteligente”.
*Por: Laureano Barrera, Infojus Noticias
