Según el relator especial sobre la Tortura, Juan Méndez, no caben dudas de que las prácticas para obtener información de inteligencia en prisioneros, reflejadas en un reciente reporte del Senado norteamericano, empeoraron el flagelo.
Esta semana, fue divulgado por la cámara alta del Congreso de Estados Unidos un amplio resumen del informe que aborda las detenciones secretas y los violentos interrogatorios ejecutados por la CIA entre 2002 y 2008, bajo la sombrilla de la campaña antiterrorista desatada por el entonces presidente George W Bush en respuesta a los atentados del 9/11.
Se trata de abusos que constituyen serias violaciones de los derechos humanos y las leyes internacionales, que el Senado concluye tuvieron el apoyo, el estímulo y el permiso de altos funcionarios de esa administración, precisó Méndez en un comunicado desde Ginebra.
El experto argentino, quien ocupa el puesto desde 2010, destacó además que el reporte considera poco efectivas las técnicas empleadas para obtener inteligencia, lo cual desmonta el mito de sus ventajas, una de las justificaciones esgrimidas por sus defensores.
Asimismo, reconoció la publicación del documento, pese a las presiones para impedirla en la nación norteña.
Estados Unidos pide a otros transparencia y responsabilidad en lo referente a la verdad y el estado de derecho, por tanto, está en la obligación de comportarse a la altura que exige, dijo.
Según Méndez, el gobierno norteamericano tiene el deber de divulgar lo sucedido con el programa de torturas de la CIA y de exigir responsabilidades.
Tengo la convicción de que la seguridad de Estados Unidos solo puede lograrse sobre la base de la verdad y no del secretismo, postura que varios relatores especiales en derechos humanos solicitaron al presidente Barack Obama en una carta abierta, subrayó.
La víspera, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, recordó que no existe justificación alguna para violaciones como las cometidas por la CIA.
Zeid se sumó al reclamo mundial de procesamiento penal de las personas responsables de tan oscuras prácticas reflejadas en el reporte del Senado.
