Policías federales del Departamento Interpol allanaron esta tarde las empresas de los tres acusados argentinos por el megaescándalo de coimas en la FIFA buscando datos que permitan conocer su paradero, ya que a dos días de la denuncia siguen sin aparecer y virtualmente en calidad de prófugos.
La orden de allanar las firmas Torneos, de Alejandro Burzaco, y Full Play International Television SA, de Hugo y Mariano Jinkins, emanó del juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio, que quedó a cargo de la causa abierta por la extradición solicitada desde los Estados Unidos.
Los tres empresarios fueron denunciados como integrantes de una asociación ilícita destinada a destinada a cobrar sobornos para la comercialización de los campeonatos de la FIFA y de lavado de dinero en bancos norteamericanos.
Según trascendió, los Jinkins se encontrarían dentro del país ya que, al menos legalmente, no se registran datos de su tránsito por pasos fronterizos.
Más enigmática resulta la situación de Burzaco, quien un día antes de estallar el escándalo escribió en su cuenta personal Twitter que se encontraba en Londres, camino a Zurich, pero luego cerró su perfil en esa red social.
Agentes de Interpol de la Policía Federal ingresaron a la sede de Torneos, en Balcarce 130 del barrio porteño de San Telmo, a las 16,30 en busca de datos sobre pasajes o comunicaciones que permitan ubicar a al CEO de la compañía, que es la mayor productora televisiva de espectáculos deportivos de Sudamérica.
En simultáneo y con idéntico propósito, los policías que responden a las órdenes de Interpol ingresaron en las oficinas de Libertador 6552, en Núñez, sede Full Play, donde habrían secuestrado computadoras.
Antes de ayer, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que recibió de la Cancilleria el pedido de extradición cursado por las autoridades estadounidenses, les denegó el pedido que, a través de sus abogados, hicieron para obtener la eximición de prisión.
El juez hizo lugar al razonamiento del fiscal federal Federico Delgado, quien se opuso a permitirles que permanezcan en libertad durante el proceso aduciendo que los tres tienen medios y recursos para eludir la acción de la justicia, si así se lo proponen.
Tras resolver ese único tema, dado que se encontraba de turno, envió la causa a sorteo, y quedó a cargo de su colega Bonadío, quien ordenó los allanamientos simultáneos.
Esta noche no se descartaban nuevos procedimientos ya que, según distintas versiones, los Jinkins (Hugo y su hijo menor Mariano) podrían encontrarse en un campo propiedad de la familia.
Respecto a la situación de los empresarios, el propio Delgado aseguró hoy que "la extradición no es un juicio en el que buscar un culpable o un inocente, sino que es un sistema entre Estados por el cual bajo determinadas reglas una persona puede ser juzgada en otro país", en referencia a su decisión de rechazar las exenciones de prisión.
El juez federal Martínez de Giorgi compartió su criterio al rechazar las exenciones de prisión por considerar que existe riesgo de fuga ante la magnitud del delito que se les atribuye, su complejidad y la alta condición económica de los tres involucrados.
En una entrevista con Radio Vorterix, Delgado explicó que "dentro de ese esquema de colaboración entre Estados las fiscalías se ponen las banderas del Estado que pide la extradición y representan el interés de este Estado" y señaló: "en este caso nosotros representamos el interés norteamericano en este casi por lo que hay que contemplar en la extradición que la entrega de la persona buscada se ajuste a requisitos del tratado".
"El peligro mas grande es la fuga entonces tenemos que garantizar que las personas permanezcan cauteladas hasta que termine el juicio y la forma que tenemos de garantizar que la persona no se escape es la prisión, sobre todo en casos como estos con alta expectativa de pena", afirmó Delgado.
En tanto, descartó absolutamente que la denuncia por evasión fiscal y lavado de dinero que presentó la AFIP a los tres empresarios pueda complicar la extradición ya que, según contempla el tratado entre la Argentina y Estados Unidos, "aunque tengan causas acá, se pueden suspender, que los juzguen allá y después vuelvan".
"El tratado de Argentina con Estados Unidos, que es de 1999, es interesante debatirlo porque nuestro país tiene una clausula que le permite renunciar a su soberanía porque si Estados Unidos lo pide Argentina puede suspender los proceso penales para que los juzguen allá y recién ahí pueden volver a nuestro país", finalizó.
