En el tramo final de la campaña de las elecciones primarias que se realizarán este domingo, la Justicia provincial suspendió la concesión de recolección de residuos sólidos no tradicionales en Resistencia, en una decisión que afecta a la intendente Aída Ayala, precandidata a la gobernación por el frente que apoyan Mauricio Macri y Sergio Massa.
La jueza Pereyra dispuso el cese de la resolución con que se adjudicó la concesión de retiro, traslado y disposición de residuos sólidos no tradicionales por ocho años prorrogables por cuatro años más porque "al cierre del presupuesto para este año no existía la adjudicación en cuestión".
La licitación adjudicada a la empresa Pimp S.A, que tiene un contrato de 270 millones de pesos por ocho años de servicio, fue suspendida por la jueza de Garantías capitalina, Mercedes Pereyra, porque "transgrede groseramente preceptos legales".
No pasó por alto la magistrada que "resulta llamativo que la intendente, en el tramo final de su mandato, proceda a contratar a la empresa Pimp por un plazo que excede su mandato por casi 12 años y por una suma tan elevada".
Otro argumento que tuvo en cuenta fue que esto se llevó adelante "sin haber puesto en conocimiento esta situación durante las dos audiencias públicas realizadas con el Defensor del Pueblo, (la ONG) Ciudad Limpia y vecinos".
La magistrada recordó: "Como bien dice el artículo 205 de la Carta Orgánica, el presupuesto anual constituye el límite de las autorizaciones conferidas por el intendente y presidente del Concejo en materia de erogaciones".
El caso provocó que el bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista presentara una denuncia penal contra la precandidata del frente opositor 'Vamos Chaco' por "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público" y el lunes el expediente será asignado a la Fiscalía Penal en turno.
Los legisladores sostuvieron que "Pimp dista mucho de ser una cooperativa, ya que no solo es una sociedad anónima de reciente formación" y que "el vínculo con la intendenta es total ya que uno de los socios es yerno o ex yerno de Ayala y dueño del inmueble denunciado como domicilio legal de esta empresa".
También pidieron que "se investigue la capacidad económica de esta empresa que recibió un millonario contrato" y que la intendente Ayala "se presente a la justicia y responda todas las preguntas que surgen en torno a esta cuestión".
