La CE mantuvo una reunión con diferentes actores políticos y sociales, aunque no con la oposición, protagonista de las protestas que comenzaron hace un mes, para discutir recomendaciones de líderes de la Comunidad de África del Este (CAE) para resolver la crisis en el pequeño país del centro del continente.
Luego del encuentro, la CE aconsejó en un comunicado celebrar las presidenciales el 15 de julio y las regionales y legislativas el próximo 26 de junio, después de que Nkurunziza decidiera, la semana pasada, aplazarlas por segunda vez sin proporcionar una nueva fecha, informó la agencia de noticias EFE.
Muchos analistas temen que, de no resolverse la crisis, se reabran heridas que intensifiquen las divisiones étnicas y lleven al país a un derramamiento de sangre entre tutsis y hutus Burundi está inmerso en una crisis política desde fines de abril, cuando el partido gobernante anunció que Nkurunziza volvería a presentarse a las presidenciales de junio para optar a un tercer mandato, a pesar de que la Constitución limita a dos periodos de cinco años la duración del ejercicio de ese cargo.
Pero el mandatario -al que el Tribunal Constitucional le dio la razón- sostiene que, pese a que la Carta Magna prohíbe más de dos mandatos consecutivos por elección directa, su primer mandato fue por designación del Parlamento y no de los ciudadanos, y por lo tanto no debe contarse.
Este desafío constitucional provocó una ola de protestas que causaron decenas de muertos, así como un intento de golpe de Estado protagonizado por un sector del Ejército, el 13 de mayo.
A fin de garantizar la seguridad durante las elecciones, los líderes de la CAE pidieron al gobierno de Burundi el aplazamiento durante un mes y medio de los comicios presidenciales.
En las últimas semanas, cerca de 100.000 personas huyeron de Burundi por miedo a la represión política y buscaron refugio en Ruanda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC), según datos de la Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Muchos analistas destacan que, de no resolverse la crisis rápidamente, se reabran heridas que intensifiquen las divisiones étnicas y conduzcan al pequeño país africano a un derramamiento de sangre entre las comunidades tutsis y hutus.
La guerra civil de Burundi, que comenzó en 1993 y terminó en 2005, dejó 300.000 muertos.
