Mientras por primera vez García Padilla parece dar un paso en una dirección que se ha resistido, la renegociación de la deuda, los acreedores insisten en que el gobierno boricua está en capacidad de pagar, imponiendo mayores sacrificios a la población.
Reconoció que esta es la realidad a la que se enfrenta el país, ante el inevitable impago de 94 millones de dólares a los acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público, ya que requiere una autorización de la Asamblea Legislativa actualmente en receso.
La deuda de más de 70 mil millones de dólares de esta nación del Caribe de 3,5 millones de habitantes es la tercera más grandes en Estados Unidos, que la tiene bajo su dominación colonial, después de las de California y Nueva York.
Los bonistas, amparados en informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) se aferran a que Puerto Rico, al borde de la bancarrota por la insuficiencia fiscal y un crecimiento económico negativo en los últimos ocho años, establezca mayores gravámenes a la población y despida empleados públicos.
García Padilla ha recordado que cada dólar prestado al país más allá de sus posibilidades, incluso en violación al límite constitucional, fue porque hubo alguien que conociendo esas circunstancias estuvo dispuesto a hacerlo, por lo que también debe asumir su responsabilidad, en referencia a los bonistas.
El ministro de Gobernación, Víctor Suárez, explicó a los periodistas que el grupo de inversionistas de fondos "buitres" y de cobertura presentó un informe para resolver la crisis fiscal y económica del país con la imposición de dos mil millones de dólares en recortes al gasto público.
Además, el establecimiento de mil millones en gravámenes a los ciudadanos, que han visto en las últimas semanas incrementarse el Impuesto sobre el Valor y Uso (IVU) de 7,0 a 11,5 por ciento.
Expuso que hacer esto equivale a la pérdida de 27 mil puestos en educación, la reducción en 15 mil la plantilla de la policía y de mil 200 bomberos, a lo que no está dispuesto el mandatario García Padilla.
La propuesta del grupo ad hoc de los bonistas que intenta forzar una decisión a su favor, también se encuentra la reducción del presupuesto de la estatal Universidad de Puerto Rico (UPR) y afectar a 1,6 millones de beneficiarios del plan de salubridad pública.
"El principal objetivo de grupo ad hoc es defender sus intereses particulares", expuso Suárez a los periodistas en La Fortaleza, casa de gobierno.
El documento propuesto por los acreedores, explicó el ministro, tienen "varias coincidencias" con el informe comisionado por el gobierno puertorriqueño a la economista Anne Krueger, exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI), que implica mayores gravámenes y despido de empleados para reducir el déficit fiscal.
"La solución que plantean es que tomemos más prestamos a los intereses que ellos han establecido de doble dígito, que continuemos la estrategia que nos ha llevado hasta aquí de financiar los déficits con prestamos sin fuente de repago", manifestó Suárez.
En cambio, el gobierno propone una renegociación de la deuda, que puede implicar incluso recomprar bonos al precio actual, y crecimiento económico mediante la inversión de lo ahorrado para proteger los intereses de los puertorriqueños.
El ministro de la Gobernación manifestó, haciendo eco a las expresiones del mandatario García Padilla, que ya el pueblo ha aportado, por lo que el sacrificio también corresponde los acreedores.
