Y los cinco primeros del ránking de esa elusión fiscal internacional (Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Rabobank Group, Standard Chartered y Barclays) están entre los mayores beneficiarios de las descomunales primas de riesgo que se le han aplicado al Estado griego durante la crisis financiera global, en la que alguno de ellos tuvo que ser rescatado con decenas de miles de millones de las mismas arcas públicas a las que ahora defrauda.
Estas son las conclusiones del informe encargado a la consultora Richard Murphy FCA por el grupo de Los Verdes/ALE, tras una larga investigación efectuada por el Comité Especial sobre Impuestos del Parlamento Europeo (TAXE Committee), a cuyo contenido ha tenido acceso Público.
Maniobras de la ‘Gran Coalición’ para socavar el control a la banca europea
Los primeros indicios sobre estas prácticas defraudadoras, que detraen de las arcas públicas de cada miembro de la UE cantidades gigantescas en impuestos impagados, surgieron del escándalo LuxLeaks, filtración por la que salió a la luz que el Gobierno de Luxemburgo –cuya jefatura ostentaba entonces el actual presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker– cerró acuerdos secretos con más de 300 grandes multinacionales para que transfiriesen sus beneficios al Gran Ducado a cambio de abonar tipos impositivos incluso inferiores al 1%, frente al 20% o 30% que deberían abonar por impuesto de sociedades en los países donde en realidad hacían esos beneficios… incluida España, por supuesto.
A raíz de ese escándalo, los grupos de izquierda y ecologistas de la Eurocámara trataron de impedir la designación de Juncker como presidente de la CE (el ejecutivo de la Unión Europea) y de crear un Comité de Investigación sobre Impuestos para desentrañar esas maniobras secretas de ingeniería fiscal en Luxemburgo, Holanda e Irlanda que esquilman las haciendas públicas del resto de los países. Pero la Gran Coalición (populares, socialistas y liberales) impuso a Juncker al frente de la CE y “sólo permitió crear una comisión especial, que tiene muchas menos atribuciones que un comité de investigación”, recuerda Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV y uno de los 45 europarlamentarios de todos los países que trabajan ahora en ese comité.
“En realidad, tuvieron que acceder a que se crease un comité especial porque ocurrió algo parecido a lo del TTIP”, el tratado de libre comercio UE-EEUU, explica Urtasun. “Hubo muchos socialistas que se descolgaron [de las órdenes de la cúpula de sus partidos], nos firmaron la propuesta y al final se logró formar el comité. Pero ahora hemos pedido las actas del grupo de trabajo sobre información fiscal, en el que los Estados miembros intercambian información a puerta cerrada, y no nos la quieren dar”.
De hecho, muchos países no están colaborando con el comité, como la misma España, subraya Urtasun: “Los Estados que nos han pasado información son Finlandia, Luxemburgo, Reino Unido, Eslovaquia… y no todos los documentos. Por ejemplo, España aún no nos han mandado nada de lo que le hemos pedido. Si los Estados miembros siguen poniéndonos trabas para conseguir la información, volveremos a presentar en el Parlamento Europeo una solicitud de un comité de investigación, con autoridad para reclamar el material a cada Gobierno, y esta vez la presión política será mucho más fuerte”.
No obstante, el comité especial ya ha logrado reunir el suficiente material como para encargar el citado informe European Bank’s Country-by-Country Reporting de Richard Murphy FCA Tax Research LLP Report, que muestra cómo la gran banca europea “ha estado sobrevalorando sus beneficios en jurisdicciones de bajos impuestos o en lugares identificables como paraísos fiscales, al tiempo que los infravaloraban en donde tienen sus mayores centros de operación”. Hasta ahora, la investigación ha identificado un movimiento de evasión de beneficios superior a los 100 millones de euros, cantidad que parece pequeña sólo porque la mayor parte de los bancos no informan sobre las transacciones dentro de su propio grupo bancario, de forma que ocultan esa fuga de capitales a lugares donde tienen oficinas operativas propias.
Según las conclusiones preliminares del Tax Research LLP Report, los 26 mayores bancos de la Unión Europea hacen transitar sus ingresos a través de al menos 39 jurisdicciones nacionales para trasvasar sus beneficios hasta paraísos como Singapur, Hong Kong, Emiratos, Jersey, Malta, Curaçao, Mauricio o la Isla de Man. Pero también se los llevan a Estados de la UE que en realidad funcionan como tapaderas, ya que tienen regímenes fiscales especiales con tasas mínimas, como Irlanda, Holanda, Bélgica o el propio Luxemburgo.
“España no está colaborando con el TAXE Committee y debería hacerlo”, insiste Urtasun, “porque los acuerdos que se han hecho en Luxemburgo y en Holanda han tenido un impacto sobre la Hacienda española que nos gustaría calcular, ya que todos esos son ingresos fiscales que España no ha recibido. Son multinacionales que venden productos aquí y que han derivado ingresos a Luxemburgo para pagar un impuesto de sociedades inferior al 3%. Es algo muy grave y tenemos presentada una moción en el Congreso que ni siquiera sabemos si dará tiempo a que se debata en esta legislatura”.
Sorprende, por tanto, que los mismos gobiernos que se muestran implacables con la devolución de la deuda pública de países como Grecia, se dediquen a obstruir las investigaciones sobre las fortunas que esas mismas grandes entidades financieras, beneficiadas por dicha política económica, están defraudando a sus propias haciendas. Tal parece que los gobernantes de las potencias económicas de la UE no defiendan los intereses de sus ciudadanos y sus Estados, sino los de la gran banca y en detrimento de las arcas públicas.
Por ejemplo, el coloso financiero germano, el Deutsche Bank, con ingresos anuales de 33.000 millones de euros, deriva sus beneficios hacia la isla de Malta –un conocido paraíso fiscal de las corporaciones alemanas– y el informe estima que puede haber evadido así alrededor del 18% de sus ganancias, que rondan los mil millones de euros anuales. Este gigante bancario, con sede en Fránkfurt (igual que el BCE) y operaciones en 70 países, tuvo que abonar el año pasado multas por valor de 2.500 millones de euros, impuestas por las autoridades reguladoras de EEUU y del Reino Unido por haber manipulado las tasas de interés de referencia.
Tantos son los tejemanejes financiero/fiscales del Deutsche Bank, que lo que tiene que pagar luego en abogados, gastos judiciales y penalizaciones por sus infracciones y maniobras ilegales está empezando a socavar sus cuentas de resultados: según Bloomberg, en sólo tres años tuvo que gastarse 7.100 millones de euros en litigios.
Durante la crisis, el DB también engaño a los reguladores bancarios estadounidenses y europeos, ocultando pérdidas por valor de 12.000 millones de dólares en las operaciones con derivados que acabaron hundiendo el casino bursátil, según confesaron en EEUU tres exempleados del coloso financiero. Y su inmenso tamaño tampoco le salvó de la necesidad de ser rescatado con fondos públicos, ya que recibió 11.800 millones de dólares del rescate de la aseguradora AIG, hundida por el estallido de esa burbuja global. Aunque nunca se reconoció que la entrega de esa suma al Deutsche Bank constituyó un rescate del banco alemán, pese a que procedía de los más de 160.000 millones de dinero público con los que se rescató la AIG.
ero el Deutsche Bank no es más que el segundo del ránking de defraudadores bancarios listados en el informe. El primero es el Royal Bank of Scotland (RBS), cuyos beneficios antes de impuestos se duplicaron hasta superar los 3.700 millones de euros sólo en los primeros seis meses de este año y que, según el informe, “redistribuye” cerca del 32% de sus ganancias en países inopinados, como Finlandia, para evadir impuestos.
Además, el caso del RBS es especialmente sangrante porque en 2008 tuvo que ser rescatado con el dinero de los contribuyentes británicos: el Gobierno de Cameron nacionalizó el 82% de la entidad pagando un precio elevadísimo por acción. Esos casi 54.000 millones de euros de dinero público están muy lejos de ser recuperados, ya que Reino Unido ha estado vendiendo paquetes de acciones a la mitad de lo que le costaron.
El tercer banco en esta clasificación de mega-evasores fiscales europeos es el gigante holandés Rabobank, que transfiere el 19% de sus ganancias a paraísos como Curaçao, donde declara altísimos beneficios que sin duda nada tienen que ver con la magnitud económica de la isla. Sus beneficios netos anuales rondan ahora los 2.000 millones de euros, pero es otra de las entidades financieras que recibieron parte del fabuloso rescate de la AIG y que fueron identificadas por una investigación del muy conservador The Wall Street Journal, que estimó en 50.000 millones lo que recibieron los bancos europeos y estadounidenses de esa operación encubierta con dinero público.
Más abajo se puede leer (en inglés) el informe completo European Banks’ Country-by-Country Reporting, que repasa prácticamente todos los grandes imperios financieros europeos, incluidos los españoles (el BBVA está sexto en la lista), y del que se extrae una conclusión general escandalosa: las mayores entidades bancarias de la UE están defraudando masivamente a las haciendas públicas, pocos años después de que los contribuyentes europeos tuvieran que sufragar con cientos de miles de millones de euros los rescates de muchos de esos bancos privados.
Eso sí, esas entidades financieras no pueden perdonar a los Estados ni un céntimo de los intereses que les cobran por su deuda pública. ¿Cómo pretenden convencernos de eso Merkel y Juncker?
*Por Carlos Enrique Bayo, Público
