El próximo paso será buscar la aprobación en una sesión especial de la Asamblea General, programada para septiembre, antes de la Asamblea Anual de Presidentes, que tendrá lugar sobre el final del mismo mes.
Estos principios se enmarcan conceptualmente en el debate de los que pregonan por el "soft law" para la resolución de las quiebras de países, en donde son los mismos soberanos los que tienen derecho de proponer una solución sustentable, ad hoc, a los acreedores, y estos últimos a aceptarla, en su totalidad, si la propuesta soberana logra la venia de una mayoría considerable.
En contraposición a las soluciones privadas contractuales, que fueron las que rigieron hasta el momento, en donde los países quedan sometidos a la jurisdicción en donde emitió la deuda que contrajeron, lo que en la práctica, a la Argentina, por ejemplo, le impidió convalidar su reestructuración de la deuda para dar vuelta la página del default, y habiendo alcanzado una mayoría de 92% de los acreedores.
Estos principios demandaron seis meses de preparación, desde que en diciembre último, la Asamblea General decidió avanzar con el mandato de la votación histórica que se dio hace un año (septiembre de 2014) en ese mismo foro, donde se reconoció la necesidad de crear un marco legal para la quiebra de países y de que sea Naciones Unidas quien genere las condiciones para dirimir un conflicto entre acreedores y países deudores.
Así el Comité resolvió los siguientes principios: el derecho de los Estados soberanos para reestructurar su deuda; inmunidad soberana; buena fe; la transparencia; imparcialidad; igualdad de trato; legitimidad; sostenibilidad; y el respeto a la decisión mayoritaria de los procesos de reestructuración.
De esta forma, la creación de un nuevo marco legal para la reestructuración de deuda de países es prácticamente un hecho, debido a la voluntad de 124 países miembro que votaron a favor de crear ese marco, 41 abstenciones y sólo 11 países se pronunciaron en contra, en un foro en donde cada país representa un voto.
Sin embargo, una vez que el nuevo esquema resulte aprobado, habrá que ver si se mantienen los porcentajes en la votación de septiembre último, y qué resolución tomarán quienes se opusieron inicialmente, si pese a ello terminarían adscribiendo en sus legislaciones locales estos principios, producto de la votación de la mayoría.
Vale recordar quienes son esos 11 países que rechazan la propuesta que promovió la Argentina de la mano del G77 más China: Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, Canadá, Israel, Australia, Finlandia, Hungría, Irlanda y República Checa.
El boliviano Sacha Llorenti Solís, el titular del Comité que diseñó los principios, recordó que los 11 países no habían apoyado la creación de la comisión en diciembre de 2014 y que estos mismos países ostentan una mayor proporción de los votos en el FMl, que actualmente monopoliza los temas de deuda de países.
Por su parte, la representante de la Misión Argentina ante Naciones Unidas, Marita Perceval, puntualizó de las "presiones" bilaterales de estos 11 países hacia otros países en desarrollo y Europa, para frenar la creación de estos principios y en el rol activo de Rusia, Turquía y Nueva Zelanda, que suscribieron a la propuesta del G77 más China, ayudando a inclinar la balanza hacia los nuevos principios.
El economista y premio Nobel Joseph Stiglitz, férreo defensor de un nuevo sistema de quiebras de países dijo al Comité en un discurso de apertura que este control que hoy ostenta del FMI representa un conflicto de intereses.
"El FMI es una institución de acreedores, no le pides al Citibank el diseño de la ley de quiebras en Estados Unidos", dijo, y remarcó que "necesitamos una ley de bancarrota justa, una ley de quiebras eficiente, y las leyes de bancarrota que salen de los acreedores no son ni justas ni eficientes."
Stiglitz también se refirió a Grecia y Argentina como ejemplos recientes de países que han sufrido a causa de los marcos inadecuados para la reestructuración de la deuda.
En tanto, Richard Kozul-Wright, director de estrategias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), describió la decisión del Comité como un paso importante que la UNCTAD había venido defendiendo en los últimos 30 años, y no había podido instalar en el seno de Naciones Unidas este problema.
Por último, estos principios refuerzan y complementan iniciativas que recientemente se dieron en Europa, como una nueva Ley en Bruselas que específicamente frena el accionar de fondos buitre, así como el nuevo documento votado por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales para futuras emisiones de deuda, y que comenzó a regir hace casi un año, que expone nuevas Cláusulas de Acción Colectiva con refuerzos en las mayorías y donde se expone específicamente una definición contraria a la interpretación del juez Tomas Griesa sobre el "pari passu" con los acreedores, existente en los contratos de deuda.
