El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó la indagatoria y detención del ex secretario del Juzgado Federal Nro. 1 de la ciudad de Santa Fe durante la dictadura militar, Víctor Montti, acusado de haber judicializado declaraciones bajo tortura de 14 personas, según informó la agencia Télam.
Las personas habían sido detenidas en diciembre de 1977 en procedimientos irregulares, en tanto, Montti fue acusado -además- de no haber denunciado ni investigado estos hechos, y por el abandono de persona, agravado por la muerte de una de ellas, Luis Alberto Hormaeche, ex dirigente del gremio UPCN que falleció por las vejaciones sufridas en su lugar de detención, el mismo año.
En tanto, Rodríguez imputó también por la muerte del sindicalista, a dos ex comandantes de Gendarmería, Juan Angel Domínguez y Adolfo Kushidonchi; en otra causa que se encuentra cerca del juicio oral y público.
El fiscal destacó -en los fundamentos- que el juzgado federal de Montti "operaba en línea con el II Cuerpo de Ejército" y "era una especie de escribanía que convalidaba las supuestas confesiones de víctimas del terrorismo de estado arrancadas en mesas de torturas y centros clandestinos".
El representante del Ministerio Público explicó que la ley 20.840, de 'actividades subversivas' se usaba para "perseguir a militantes políticos, a quienes se les aplicaba un virtual ejercicio de la jurisdicción mediante actos regulares sólo en apariencia, los que se perfeccionaron con la intervención funcional del secretario Montti".
"Este engranaje judicial, que encajó a la perfección con el accionar de las Fuerzas Armadas y de seguridad, no sólo exhibe un condenado por graves violaciones a los derechos humanos como el ex juez federal Víctor Hermes Brusa, sino que presenta en Montti otro eslabón gravitante en los estrados federales", puntualizó.
Amplió que bajo la "apariencia de declaraciones espontáneas" hoy se pueden leer en "las actas labradas por la dupla Montti-Brussa" los acontecimientos de las que se valieron para obtener esos testimonios, entre los que figuran los "tormentos, torturas, apremios ilegales, coacciones, detenciones y allanamientos ilegales".
Rodríguez manifestó, también, que se trató de una "práctica sistemática comprensiva del incumplimiento de los deberes de funcionario público, por omisión de denuncia en el caso de Montti, ya que ante él se dejó constancia escrita, y en forma reiterada, sobre la existencia de 'confesiones' arrancadas mediante métodos violentos".
"A pesar de ello, el funcionario (Montti) se abstuvo de proceder de acuerdo con el mandato legal establecido en el Código Procesal vigente en ese entonces (ley 2372), que requería el anoticiamiento obligatorio" de los delitos observados.
