Asimismo, al término de su alegato ante el Tribunal Oral Federal Cuatro (TOF 4), los fiscales pidieron que el ex ministro de economía Domingo Cavallo, sindicado como “coautor”, sea condenado a cinco años de prisión por el delito de peculado.
En tanto, para ex ministro de justicia, Raúl Granillo Ocampo y la ex secretaria de Recursos Naturales, María Julia Alsogaray, la fiscalía requirió cuatro años de prisión, como partícipes de ese delito.
El equipo de fiscales, también integrado por Juan Gasset y Juan García Elorrio, no acusó al resto de los procesados pero pidió la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación para que inicie demanda para recuperar 466.000.000 de pesos que se habrían pagado en concepto de “sobresueldos”.
Además, pidieron que Menem, Cavallo, Alsogaray y Granillo Ocampo sean condenados a inhabilitación perpetua para el desempeño de cargos públicos y a los tres últimos el decomiso de 5.400.000, 1.978.000 y 1.350.000 pesos, respectivamente, el dinero que, se estima, cobraron fuera de sus remuneraciones.
Esta mañana, al comienzo del alegato fiscal, Scandura afirmó que Menem fue el “responsable máximo” de la “sustracción de caudales públicos” mediante el pago de “sobresueldos” durante sus dos gestiones al frente del Ejecutivo.
Los representantes del Ministerio Público sostuvieron ante el TOF 4 que Cavallo realizó su “aporte técnico” para decidir “cómo se implementaría” el pago de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Menem, quien es asistido por su defensa y sigue el juicio por el sistema de videoconferencia, “instauró” y “dio su aval” para la “ejecución” del pago de millonarias sumas de dinero que percibieron ministros y secretarios del Poder Ejecutivo en sus dos gestiones presidenciales, remarcó Scandura.
Según la fiscalía, Cavallo, además de brindar sus conocimientos técnicos para la implementación de los pagos “ilegales”, cobró sumas que oscilaron entre los 70.000 y 80.000 pesos/dólares durante los primeros años del gobierno de Menem.
Cuando Menem hizo su descargo dijo que el pago se trataba de una decisión del gobierno que no podía ser revisada por la justicia, mientras que Cavallo expuso que se cobraban “suplementos” porque los salarios de ministros y secretarios eran inferiores a los de otros agentes públicos de menor rango.
Contra el argumento de las “sumas suplementarias”, los fiscales indicaron que, de acuerdo a las pruebas reunidas, los sobresueldos o pagos “en negro”, con fondos que tenían una finalidad “diametralmente opuesta”, cuadruplicaban los montos de las respectivas remuneraciones.
Para reforzar sus dichos, Scandura mencionó como “prueba” las declaraciones no solo de Menem y de Cavallo, sino también las de
Alsogaray y de quien fuera un estrecho colaborador de Granillo Ocampo, Roberto Martínez Medina.
Tanto Alsogaray como Martínez Medina dijeron que “era común” el reparto de sobres con “fondos reservados” de la SIDE y la ex funcionaria acotó que eso se decidió en una reunión de gabinete.
El alegato de los fiscales se produjo luego de que, hace una semana, la Oficina Anticorrupción (OA), que actúa como querellante, formulara su acusación y pedidos de penas.
La OA pidió cinco años y medio de prisión para Menem, 4 años y medio para Cavallo y 3 años y medio de prisión para Granillo Ocampo y Alsogaray.
También están procesados Raúl Castellini, ex subsecretario de Ordenamiento Ambiental; Heriberto Baeza, ex secretario de Asuntos Militares, José Torzillo, ex subsecretario de Presupuesto y Administración del Ministerio de Defensa, Enrique Kaplan –segundo de Alsogaray- y José Coronel, ex Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Justicia.
El ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, está procesado, pero no forma parte del elenco de los ex funcionarios sometidos a juicio porque, por razones de salud, no está en condiciones de asistir a las audiencias.
En esa oportunidad, también los abogados de la OA, Mariano Cartolano y Claudia Sosa, requirieron que los procesados sean condenados a devolver el dinero que habrían cobrado en concepto de sobresueldos.
Según constancias del sumario penal los “sobresueldos” fueron administrados por la Secretaria General de la Presidencia y luego en la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El juicio, que se desarrolla en una sala de audiencias de Comodoro Py 2.002, de esta capital, comenzó en marzo último y está a cargo del tribunal presidido por Carlos Bertuzzi e integrado por Néstor Costabel y Patricia Mallo.
