La Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, recibió la denuncia presentada este viernes y busca determinar si se configuró el delito previsto por el Art. 140 del Código Electoral, cuya pena está establecida entre 2 meses y 2 años de prisión al que "con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".
La presentación recordó que los hechos denunciados fueron "largamente difundido en medios y redes", y que en ese ámbito se señaló como "responsables de la viralización de imágenes falsas, fotomontajes e información difamatoria, a las dirigentes Elisa Carrió y Laura Alonso, entre otros".
La denuncia se fundamentó en "lo ocurrido en la actual campaña electoral a raíz del viaje a la República de Italia del candidato a Presidente de la Nación Daniel Scioli, del FpV, luego de realizadas las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) el pasado 9 de agosto", detalló el texto.
En el mismo sentido, agregó que "la mirada pública, conmocionada por las inundaciones que afectaron a la provincia de Buenos Aires, se posó sobre una secuencia infernal de información y datos falsos acerca del viaje en cuestión, generada en las redes sociales y los medios de comunicación por dirigentes y partidos políticos rivales de Scioli".
"La irrupción de este despliegue mediático impactó de manera directa en el proceso electoral. Y dada su gravedad, entendemos que merece su judicialización conforme la ley electoral", sostiene la demanda, y relata que "se denunció públicamente por parte de distintos dirigentes del FpV que se publicó información e imágenes falsas que se difundieron a través de cuentas falsas en las redes sociales, que luego fueron viralizadas y potenciadas por dirigentes del Frente Cambiemos".
"Desde los equipos del candidato Scioli se aseguró que fue una campaña de difamación, que incluyó fotos de catástrofes ocurridas en países de Centroamérica o de situaciones que sucedieron hace años, ediciones de imágenes falsas de Daniel Scioli y Karina Rabolini en lugares paradisíacos", especifica la presentación.
Asimismo, argumenta que "se señaló, como vehículo de difusión, a las diputadas Elisa Carrió y Laura Alonso, a sus militantes y adherentes, y a 50.000 cuentas con identidades falsas. Ambas dirigentes del Frente Cambiemos postearon en sus cuentas a la misma hora del 12 de agosto, entre las 20 y las 21, los mismos mensajes con las mismas fotos, exhibiendo a Karina Rabolini y Daniel Scioli en un montaje con una toma de una cala en Cerdeña", detalló y contó que luego se supo que las fotos "no fueron tomadas en Italia".
Por otra parte, el equipo informático del FpV demostró que las 50.000 cuentas de Twitter con identidades falsas tienen interacción entre ellas y que las fotos de los perfiles se corresponden con ciudadanos de diferentes nacionalidades y profesiones, que se encuentran a miles de kilómetros de la Argentina.
"Se habría trabajado con un sistema informático altamente complejo, en el que utilizan una computadora desde donde administran los perfiles falsos. Desde esas cuentas se originan los posteos falsos que luego son replicados por los principales actores del Frente Cambiemos utilizando potenciales en los textos, dejando -así- cubierta su implicancia legal", se explicó en la denuncia presentada.
A esto se suma que "la maniobra incluyó la utilización de portales de noticias que sirvieron de soporte, generando información que luego replicaron los referentes del PRO".
Según CEPTRA, "la estrategia del Frente Cambiemos también incluyó montajes en las zonas afectadas por las intensas lluvias, buscando generar malestar en medio de un clima social sensibilizado por las intensas lluvias que generaron anegamientos e inundaciones en la Provincia".
Por lo expuesto, la denuncia concluye con que el objetivo de la presentación es que "se examine jurisdiccionalmente una campaña de publicidad electoral que en la arena política fue mayoritariamente descalificada por maliciosa, engañosa y “sucia”.
Se destacó la "gravedad de los hechos" y manifestó cómo los responsables actuaron sin que les "importara nada", despreciando las instituciones y faltándole el respeto a la ciudadanía, "utilizando ardides para conseguir apoyo electoral, difamando adversarios y, en definitiva, violando la ley", concluye el texto.
