Durante el año pasado, en las comisarías de la provincia de Buenos Aires se recibieron más de 197 mil denuncias de violencia contra las mujeres, lo que representa unos 535 episodios diarios y un 20% más casos que el año anterior. Los datos se desprenden del monitoreo de “Políticas públicas y violencia de género 2014/15” que presentó la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Además, a este número hay que sumarle los casos que no son denunciados en comisarías.
En el ámbito judicial, explica el informe, las causas en el fuero de Familia se duplicaron del 2010 al 2014, y exceden la capacidad de respuesta de los juzgados, donde “es necesario fortalecer con recursos materiales, humanos y profesionales los equipos interdisciplinarios que funcionan en dichas oficinas”.
En el fuero Penal, por otra parte, más del 80% de las causas judiciales por violencia en que las víctimas son mujeres son tipificadas como lesiones simples y amenazas. Las cifras de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense destacan que en el 2014 se archivaron 43.990 expedientes de esta naturaleza. También crecieron las causas en los Juzgados de Paz, donde pasaron de 20.511 a 47.257.
Y otro dato, clasificado aparte, pero sumamente alarmante manifiesta que durante el 2015 se recibieron 6.015 denuncias por abuso sexual en las comisarías de la Mujer y la familia.
El peor final
En este contexto, la problemática de los femicidios vuelve a colocarse en el eje de la discusión. Durante 2015, hubo en todo el país unos 230 casos de asesinatos de mujeres por razones de género. Y la provincia de Buenos Aires no fue la excepción.
En junio, todas las miradas se posaron sobre la localidad balnearia de Monte Hermoso. Donde, después de cuatro días de intensa búsqueda, un bombero encontró el cuerpo de Catherine Gabriela Moscoso de 18 años. Según la autopsia, la joven falleció por asfixia por sepultamiento luego de haber sufrido golpes en el rostro, por lo que todo indica que estaba inconsciente cuando la taparon con arena. Ese mismo día, el pueblo de levantó en furia y medio de un linchamiento mataron a un presunto implicado en el caso.
A San Bernardo le costó salir de la conmoción, luego de que un hombre rociara con combustible y prendiera fuego a su ex mujer. Maria Trinidad, había denunciado en reiteradas oportunidades a su ex pareja por amenazas constantes y luego de 12 días de internación falleció a causa de dicho ataque.
El 22 de octubre Ranchos fue noticia. Cuando la Policía llegó al lugar el crimen, el confeso femicida se encontraba en la puerta del domicilio y admitió que había mantenido una pelea con su pareja, durante la cual la había tomado del cuello y asfiaxiado. Cerca del cuerpo de la victima, también estaba su hijo de 2 años que apenas respiraba por haber sufrido también el ataque. Daniela Mazzarioli Paredes de 27 años era empleada doméstica y de nacionalidad paraguaya.
En Junin, el diciembre del año pasado fue terrible. El 22 de ese mes, la comunidad se encontraba con la noticia de que Ludmila Ayelén Bazán una joven de 23 años, y madre de una nena de siete años, era encontrada sin vida, con un profundo corte en el cuello. El cuerpo había sido tirado en un basural. Tres días más tarde, en el mismo partido, otra joven de 23 años apareció asesinada a golpes en la cabeza, su nombre era Silvina Ibañez. Y la lista sigue.
¿Cómo mejorar?
Ante la magnitud de la problemática, el Observatorio de Violencia de Género (OVG) dependiente de la Defensoría del Pueblo propuso la creación de nuevos juzgados de Familia en todos departamentos judiciales, que posibiliten mayor capacidad de recepción de causas por violencia familiar y la creación de al menos una unidad especializada en delitos de violencia contra las mujeres.
Por otra parte, la Defensoría planteó la posibilidad de crear un registro de actuaciones y notificaciones que permita mejorar la comunicación entre las fuerzas policiales y el Poder Judicial, y agilizar los tiempos desde que la mujer hace la denuncia hasta la implementación de medidas de protección para ella y sus familiares.
Dentro del paquete de medidas, se plantea la incorporación de un mapa que identifique las zonas donde existen medidas de protección, a fin de que el sistema 911 y las comisarías o la policía local tomen conocimiento de su existencia y garanticen su vigencia y cumplimiento.
Otros de los puntos señalados por el documento, es la inexistencia de representación jurídica gratuita de mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito penal provincial, quienes quedan por fuera del proceso, en un estado de indefensión frente a las distintas resoluciones que se van adoptando.
