“El Estado costarricense ha acumulado una lista muy amplia de deudas con los pueblos indígenas a lo largo de la historia, por lo que para esta administración, es un reto lograr consolidar una de las demandas de más larga data en nuestro país, como lo es el mecanismo general de consulta”, dijo la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga.
Para construir el mecanismo de consulta, lo que se prevé en próximos meses, el Gobierno y representantes de los pueblos indígenas trabajarán en conjunto durante los próximos meses para definir la metodología del proceso, los principios rectores y el contenido del mecanismo.
Funcionarios del Viceministerio de la Presidencia visitarán los 24 comunidades indígenas del país para llevar a cabo reuniones e informar sobre el proceso.
La obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas deriva de varios tratados internacionales como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Una de las iniciativas más polémicas y que requiere de una consulta a los indígenas para su avance es el proyecto hidroeléctrico El Diquís, en la zona sur de Costa Rica, a cargo del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El proyecto, que requiere de una inversión de 2.100 millones de dólares y que pretende generar 630 megavatios, está estancado desde hace unos cinco años en su fase de estudios previos.
Los indígenas de la zona sur de Costa Rica se oponen a la hidroeléctrica con el argumento de que inundará 6.800 hectáreas de su reserva indígena obligando a cerca de 1.100 personas a desplazarse.
Según datos oficiales, en Costa Rica, un país de 4,7 millones de habitantes, hay cerca de 104.000 indígenas, distribuidos en ocho grandes pueblos: Bribís, Cabécares, Malekus, Chorotegas, Huetares, Teribes, Bruncas y Ngäbes, en los cuales se registran altos niveles de pobreza.
