Las intervenciones de los aparatos de inteligencia policial y judicial mendocino en el terrorismo de Estado fueron abordadas por el fiscal general Dante Vega durante la primera semana de alegatos del Ministerio Público en el histórico "juicio a los jueces" que se celebra hace más de dos años en Mendoza, y que incluye a 30 ex militares, ex policías, ex penitenciarios y civiles, entre ellos ex magistrados.
Vega inició el alegato el lunes y lo continuó el martes y el jueves. La exposición de la Fiscalía seguirá el próximo 4 de abril, cuando el Tribunal Oral retome las audiencias tras un receso de dos semanas.
El fiscal -quien interviene en el debate junto a la fiscal subrogante Patricia Santoni y el fiscal ad hoc Daniel Rodríguez Infante- abordó el caso de Carlos Eduardo Cangemi Coliguante, sobreviviente de centros clandestinos de detención exiliado tras su liberación, y la denominada causa "Rabanal", un expediente que trata sobre el secuestro, las torturas y la privación ilegal de la libertad de 12 militantes, y el homicidio de uno de ellos.
Las dos causas -el fiscal aún no terminó de analizar "Rabanal"- tienen en común la actuación policial y militar en el terrorismo de Estado con la connivencia del Poder Judicial, que validó la persecución ideológica de las víctimas en el marco de procesos por violación a la ley 20840 (de 1974), denominada "antisubversiva".
Fue el marco legal que sirvió para "blanquear" secuestros como detenciones e interrogatorios con tortura como si fueran declaraciones judiciales. Esa fue la forma predominante que tuvo el terrorismo de Estado en Mendoza, por lo cual la prueba de una importante cantidad de casos que se juzgan está formalizada en expedientes.
Cangemi era actor y militaba en el PRT-ERP. Tenía 26 años y vivía "semiclandestino" cuando el 11 de noviembre de 1975, cerca de las 22:00, fue detenido en la calle por policías vestidos de civil del Servicio de Informaciones de la Policía Mendocina, conocido como D-2. Cangemi, imputado por poseer folletos y papelería política, pasó primero por un centro clandestino que no pudo identificar y luego por las celdas del propio D-2, que también funcionaba como tal.
La víctima fue interrogada y torturada con descargas eléctricas mientras estaba atada a la red metálica de una cama. El juez Luis Miret (foto), uno de los acusados en este juicio, le tomó declaración indagatoria seis días después.
En esa misma jornada del 17 de noviembre de 1975, fue trasladado a la Penitenciaria Provincial, lugar en el que estuvo hasta el 26 de febrero de 1976, cuando fue trasladado a la Unidad Penal 9 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, tras haber sido puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
Cangemi logró la libertad el 28 de julio de 1979. Había sido condenado en 1977 a cinco años de prisión por violación a la ley "antisubversiva".
La causa "Rabanal" es la historia de una seguidilla de detenciones que también se originan antes del golpe de Estado cívico-militar. El 2 de febrero de 1976, Daniel Hugo Rabanal fue interceptado por la policía abordo de un auto robado.
Su detención fue el inicio de la persecución a un grupo de doce personas con militancia política y/o gremial, en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El periplo que vivieron estuvo signado por años de prisión y por torturas y abusos sexuales.
Además de Rabanal, las víctimas de este grupo fueron Marcos Augusto Ibáñez, Rodolfo Enrique Molina, Silvia Susana Ontiveros, Fernando Rule, Miguel Ángel Gil Carrión, Olga Vicenta Zárate, Guido Esteban Actis, Stella Maris Ferrón, Ivonne Eugenia Larrieu, Alberto Mario Muñoz y Haydee Clorinda Fernández.
La actuación del D-2 y de otros organismos de la Policía local, con el aval judicial, fueron un punto común en todos los casos. Miguel Ángel Gil falleció como consecuencia de la torturas sufridas a manos de los efectivos de la inteligencia policial. Marcos Ibañez, en tanto, debió ser operado después del trato que recibió en el D-2 y extendió su vida hasta el 10 de septiembre de 1977, cuando murió en un hospital intramuros después de una larga agonía iniciada el 24 de julio de aquél año.
En la noche de esa jornada, una patota del Servicio Penitenciario Bonaerense lo golpeó en una celda de la Unidad 9 de La Plata, la cárcel que mayor cantidad de presos políticos reunió por aquellos años y lugar donde transitaron parte de su cautiverio la mayoría de los hombres del grupo perseguido en la causa "Rabanal".
