La mandataria, que este viernes volvió a presentar su defensa ante la comisión del Senado que analiza si da curso al proceso de impeachment, en las últimas semanas le ha hecho varios guiños a los movimientos sociales y sindicatos para recuperar su respaldo, que se había debilitado en medio de una serie de propuestas de ajuste fiscal lanzadas por la mandataria en 2015..
Mientras Rousseff busca una nueva aproximación a las bases, su vicepresidente y ahora adversario político, Michel Temer, hilvana a contrarreloj las piezas de su eventual gabinete..
Temer, primero en la línea de sucesión, ha comenzado a conformar su tablero político y distribuye cargos entre bastidores, algunos de los cuales ya se dan por sentenciados, como el del ex presidente del Banco Central Henrique Meirelles, como ministro de Hacienda.
Un estrecho colaborador de Temer informó a Télam que como condición para aceptar la cartera Meirelles pidió participar de la eleccion de un jefe de "un Banco Central autónomo".
Para ese cargo, hoy ocupado por un funciononario de carrera elegido por Rousseff, Alexandre Tombini, está siendo sondeado Ilan Goldfajn, economista jefe del Itaú, el banco privado más poderoso de Brasil, cuyo nombre fue sugerido, según dijo la fuente, durante una conferencia telefónica de un asesor de Temer con el banco estadounidense Morgan Stanley.
El vicepresidente prepara la creación de un consejo especial de cinco personas, liderados por el ex gobernador de Rio de Janeiro Wellington Moreira Franco, para reflotar un plan de privatizaciones y administrar la política de concesiones vigentes.
"La novedad sería incluir la participación privada (llamada PPP) para gerenciar en el sistema público de salud, una agenda que siempre fue obstruida por el Partido de los Trabajadores (PT)", dijo la fuente a esta agencia.
El plan de concesiones de puertos, aeropuertos y carreteras forma parte del actual gobierno de Rousseff, pero Temer busca apoyos en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) para avivar la confianza de los inversores, un tema recurrente frente a la recesión y el aumento del desempleo.
El vicepresidente, de 75 años, también tantea la presencia en su eventual Ejecutivo de algunos ex ministros de Rousseff, como Eliseu Padilha o Wellington Moreira Franco.
El diario O Globo reprodujo un documento que circula por las manos de los principales colaboradores de Temer titulado la "Travesía social", que prevé la privatización o concesión "de todo lo que sea posible".
No obstante, en caso de que ese plan se concrete, se encontrará con la oposición de los movimientos sociales, que ya han expresado abiertamente su rechazo a una eventual gestión del vicepresidente y han advertido que "resistirán" en las calles.
Los sindicatos y sectores de izquierda han comenzado a organizarse para el Día del Trabajador, una fecha que esperan convertir en un palco contra el "golpe de Estado", como la izquierda y el propio Gobierno ha calificado el juicio político que amenaza con destituir a Rousseff.
La marcha en San Pablo inicialmente, estará encabezada por Rousseff y su padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en las últimas semanas se ha movilizado para defenderla ante la amenaza de su destitución.
La oposición señala que la presidenta cometió un "delito de responsabilidades" por realizar maniobras fiscales para maquillar las cuentas de 2014 y 2015, al modificar los presupuestos a través de decretos y acumular deudas y contratado créditos con la banca pública, lo que está prohibido por la legislación vigente.
El gobierno ha admitido que realizó estas operaciones contables, pero insiste en que no suponen un "delito de responsabilidades" y por tanto no sirven de argumento para iniciar un juicio legislativo en su contra.
No obstante, los argumentos del Ejecutivo no parecen convencer a los legisladores y Rousseff cuenta cada día con menos posibilidades, lo que complica su estrategia de cara a la votación del Senado, que ya ha comenzado a debatir si existen méritos jurídicos para iniciar el proceso con miras a acortar su mandato.
El caso está ahora en manos de una comisión del Senado, que elaborará un informe que será votado el próximo viernes.
Ese informe será analizado después en el pleno del Senado, que alrededor del 10 de mayo se pronunciará sobre el asunto.
En caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe la instauración del proceso, Rousseff será separada del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado por Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si la presidenta es finalmente destituida.
Por ello, es posible que Temer sea quien se siente en el palco de autoridades durante la inauguración de los Juegos Olímpicos que se celebran en Río de Janeiro el próximo agosto, un evento cuya preparación se ha visto eclipsada por la grave crisis política que azota sin tregua al país.
