En su informe presentado este lunes, descartó también que el estudiante fuera desollado en cara y cuello por instrumentos de arma punzo cortante, y se apunta que, postmortem, el arrancamiento de la piel y un ojo de Mondragón Fontes fue por mordedura de depredadores de la fauna local, que pudieran haber sido roedores y perros.
El titular de la Oficina Especial para el caso Iguala de la Comisión, José Larrieta Carrasco, señaló que su hipótesis resuelve la controversia en torno a la muerte de Mondragón Fontes, de versiones de la Procuraduría del estado, la PGR o del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); apuntó que abre una nueva línea contra los probables responsables, pues “nadie está siendo investigado por tortura física contra Julio César”.
La investigación apunta que el cuerpo del normalista presentó 64 fracturas en 40 huesos. Entre estas heridas destacan fracturas provocadas en los ocho huesos del cráneo, en 13 de los 14 huesos que conforman el esqueleto de la cara y en siete costillas izquierdas y tres derechas, entre otras. Se concluyó que la causa de la muerte fue por traumatismo craneoencefálico. Desechan la teoría de que fuera lapidado.
El cuerpo del normalista presentó 64 fractuiras en 40 huesos
El equipo pericial de la CNDH determinó también que Julio César Mondragón, al momento de ser perseguido y agredido en el camino del Andariego, en Iguala, forcejeó, luchó y se defendió de sus agresores.
Observaciones y Propuestas
La CNDH recabó el testimonio de un estudiante de la Normal Raúl Isidro Burgos, que asegura que Julio César grabó con un celular parte de la agresión y persecución durante la noche del 26 de septiembre 2014 contra los normalistas.
Piden a la PGR investigue la existencia del material y en su caso sea recuperado para coadyuvar la línea de investigación.
Solicitan también a dicha autoridad que investigue a 11 individuos señalados por dos integrantes de la organización criminal “Guerreros Unidos”, como partícipes en la tortura y homicidio de Julio César, con especial atención a uno de los señalados como responsable, Víctor Hugo Benítez Palacios.
Proponen que en el caso se consigne por el delito de tortura a quienes están siendo procesados por el homicidio de este normalista de Ayotzinapa.
También, plantean a la autoridad ministerial federal que “el Dictamen en Medicina Forense y Criminalística de Campo” de la CNDH se ofrezca como medio de prueba ante el Juez del Fuero Común del estado de Guerrero por el asesinato de Julio César.
Sugieren a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que de manera diligente e integral de medidas de atención y asistencia a los familiares del joven asesinado implemente el proceso de reparo del daño, pues los mismos acusan de haber sufrido revictimización mediática y por parte de autoridades.
