El gobierno provincial contratará a una empresa para otorgar el servicio “de implementación de un observatorio analítico, actualizado en tiempo real, sobre las diversas problemáticas de la educación, registradas en el territorio bonaerense, que son expresadas por los distintos actores de la comunidad educativa, incluyendo al propio Estado y sus políticas públicas, a través de las redes sociales”, con un presupuesto estimado en 1.597.200 pesos.
Para Suteba, gremio que lidera Roberto Baradel, se trata de un llamado a licitación para “controlar qué expresan los actores de la comunidad educativa” en las redes sociales.
“Creemos que el Gobierno Provincial, y más precisamente la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, debería conocer ya de manera exhaustiva cuáles son los problemas de la Educación Pública en nuestra Provincia y qué piensa la comunidad educativa en este sentido”, cuestiona el gremio en un comunicado.
En otro párrafo, los docentes valoran que “investigar a través de las redes sociales qué dicen los actores de la comunidad educativa los va a remitir a situaciones de infraestructura, falta de cupos alimenticios en los comedores, problemas con los nombramientos, no cobro de los salarios y atraso salarial por la alta inflación que se produjo en este semestre.”
“Esta metodología de espionaje a través del denominado ‘Observatorio Analítico’ sólo genera dudas y desconfianza en relación a cuáles son las intenciones reales de la Dgcye”, señala el texto.
E interroga “¿Cómo reaccionarán antes las crecientes críticas que la mayoría de los docentes realizan en sus redes sociales? ¿Habrá algún tipo de sanción o persecución ante aquéllos que sean críticos de la gestión?
Luego, sostiene que “si el Gobierno necesita saber qué opina la comunidad educativa tiene otros caminos, que no sea gastando el dinero destinado a educación que aportamos todos los bonaerenses, para este tipo de contrataciones”.
Y concluye: “Sra. Gobernadora, las graves situaciones que hoy existen en las escuelas de la Provincia no constituyen problemas de estados de ánimo expresados en redes sociales, se trata concretamente de entender a la Educación Pública como un Derecho Social y destinar los fondos necesarios para garantizarlo”.
