De Luca, fiscal general ante la Casación, interpuso un recurso extraordinario ante el máximo tribunal por considerar que la inadmisibilidad de la queja por la falta de mérito a favor de Massot equivale a una sentencia definitiva, que habilita la intervención de ese cuerpo, informó el sitio fiscales.gob.ar.
La causa en la que fue imputado el empresario investiga los homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, trabajadores del diario La Nueva Provincia del que era directivo Vicente Massot, y también la instigación pública a la represión ilegal y el terrorismo de Estado a través de los editoriales del citado periódico durante la última dictadura.
El fiscal fundó el recurso en el carácter de equiparable a sentencia definitiva de la resolución apelada y sostuvo que la decisión de la Casación constituía un sobreseimiento encubierto violatorio de tratados internacionales que obligan a dilucidar y juzgar seriamente hechos constitutivos de los delitos de lesa humanidad.
Señaló además que ese fallo pone en riesgo la soberanía jurisdiccional del Estado argentino porque, al tratarse de delitos de jurisdicción universal, cualquier otro país puede juzgar los hechos si no se lo hace aquí.
Según argumentó, la decisión del juez "ad hoc" Pontet -tomada en tiempo récord y sin leer la totalidad del expediente, que fue convalidada por la Cámara de Apelaciones, "encubre la consagración de un estado de duda indefinida sobre la intervención de los responsables en el hecho de lesa humanidad investigado" e imposibilita "avanzar el proceso hacia la etapa de juicio oral".
Subrayó también que "el plexo probatorio incorporado hasta el momento es suficiente para arribar al grado de probabilidad necesario acerca de la participación del imputado en los hechos punibles que se le atribuyen, lo cual habilitaba el procesamiento de Vicente Massot".
Para De Luca, al declarar inadmisible la queja, la Casación además "dejó pasar la oportunidad de fijar un estándar internacional sobre la intervención de civiles en delitos de lesa humanidad, no mediante vías de hecho, sino a través del poder simbólico de las palabras difundidas por importantes medios de comunicación". Para arribar a esa conclusión, junto a consideraciones sobre los asesinatos de Heinrich y Loyola, el fiscal afirmó que La Nueva Provincia cumplió un papel en la acción psicológica que "formó parte del y/o sirvió al plan criminal perpetrado por la última dictadura militar", en particular en Bahía Blanca.
En este orden, siguió el razonamiento y las pruebas incorporadas a la causa por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, según los cuales el empresario Vicente Massot era en el momento de los hechos "uno de los tres miembros del núcleo decisional del diario" de la familia.
En esa condición, subraya la imputación del Ministerio Público, tuvo responsabilidad en "haber publicado un mensaje de incitación al genocidio (sic) "a través de una exhortación al aniquilamiento total y definitivo de un colectivo humano".
La publicación comprendía también "un llamado a la población a comprometerse, formar parte, colaborar y asumir las responsabilidades de aquella 'tarea histórica', una legitimación del accionar represivo y un ocultamiento de la ilegalidad" de la represión terrorista de Estado, según los fiscales.
