Los escándalos en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) siguen sucediéndose. Lejos de traer la paz prometida la salida de la conducción del procesado Omar “Caballo” Suarez y la intervención dispuesta por el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, el gremio es un hervidero que produce uno tras otros episodios reñidos con la legalidad.
Recordemos que González ha sido acusada de pedido de coimas por parte de sus correligionarios del PRO de Avellaneda, a quienes reclamó un "aporte voluntario" del 10 % de los sueldos que consiguieran por su "gestión" en la administración provincial.
Ahora, mientras los afiliados siguen reclamando la devolución de la herramienta gremial, se conocieron particularidades de la utilización que la Interventora y diputada macrista Gladys González realiza con el patrimonio del sindicato. Las prácticas de la mujer, puesta por el propio Mauricio Macri para “poner en orden” el SOMU, están lejos de ser prolijas y la igualan las denuncias que ella misma realiza a través de los medios de comunicación sobre el “Caballo”.
Es que en las últimas horas afiliados del gremio la denunciaron por la utilización para uso personal de camionetas 4×4 del sindicato. Pero no sólo eso. Es que también señalaron el uso por parte de sus familiares de vehículos de los marítimos. Eso, casualmente, es lo mismo que denunció hace unas semanas sobre la conducción gremial que fue desplazada.
Además, fuentes muy cercanas a la intervención, detallaron que en marzo la propia interventora, sus colaboradores, y sus grupos familiares, se instalaron en el hotel que el SOMU posee en Villa Gesell y allí pasaron un período de vacaciones.
En paralelo, tras los tres fallos que redujeron la intervención del gremio y de la obra social y ordenaron fijar un plazo legal para el fin de la intervención, durante la semana pasada comenzaron a presentarse ante el Juez Canicoba cientos de afiliados de todo el país pidiendo la remoción de la interventora.
Las peticiones firmadas por afiliados de todas las Seccionales y Delegaciones, exigen la remoción de la intervención y denunciaron “las causas penales abiertas a González y su embate contra todos los derechos de los trabajadores y su complicidad con las empresas armadoras extranjeras para liquidar el gremio y la marina mercante nacional. Todo esto confirmado por sus ex co-interventores Alonso y Viola Balbín en el Juzgado”.
Concretamente se señalan reuniones de Gonzalez con Marítima Meridian, casulamente una firma cercana a Angelo Calcaterra, para traer remolcadores nuevos al país y desplazar a las empresas nacionales en beneficio del primo del Presidente. Negocios para amigos.
Los trabajadores pidieron la habilitación de la feria y recusaron al juez en el expediente de Intervención del SOMU y de la OSPM, porque éste ignoró el fallo de la Cámara Federal del 14 de julio y no cumplió ninguna de las órdenes del Alto Tribunal a pesar de estar en funciones todo el mes de receso invernal.
También por haber negado el derecho de los más de cuatrocientos dirigentes electos en 2015 y asumidos en 2016, reconocidos por el Ministerio de Trabajo, para recuperar el sindicato, sin los ex dirigentes procesados, hoy renunciados, jubilados o expulsados.
Los afiliados argumentan que resulta “absurdo fundar la separación de las autoridades electas del gremio en 2011, que no son las asumidas en 2016, en que todas eran sospechosas o que todos los miles de afiliados podían ser parte de una organización criminal, porque eso era equiparar todo el sindicato con una mafia”.
Además según pudo saber InfoGremiales se están redactando en todo el país denuncias por abandono de personas de la Obra Social de pacientes crónicos (celíacos, diabéticos, cáncer, etc.)y denuncias contra la intervención y sus empleados por administración fraudulenta y usurpación.
