Palazzo, quien fue propuesto como candidato a secretario general de la nueva conducción obrera en representación de la Corriente Federal Sindical, varias delegaciones regionales y el Núcleo del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), sostuvo que "se impone confrontar con un paro activo porque este gobierno para los ricos se olvidó de los trabajadores, de los desempleados y de los nuevos desocupados que generan las actuales políticas".
"Es necesaria una CGT colegiada y lo más amplia posible que contenga a todos los sectores, sin importar si ello implica un cuarteto o un quinteto. Hay que confrontar con las políticas oficiales a partir de un programa de acción. El 22 de agosto habrá que decidir la unidad con contenido para impulsar un paro activo y un plan de lucha que rechace despidos y tarifazos", puntualizó.
Palazzo aseguró que la central obrera debe representar a "los trabajadores con o sin empleo como concepto general, porque la mitad o más no cumplen tareas o lo hacen de manera informal".
"Más de dos millones son monotributistas; hay 1,5 millón de monotributistas sociales; 2 millones de desempleados y un 30 por ciento de trabajadores en negro. Se requiere una politica desde la CGT que incluya a todos. El espacio gremial al que pertenezco ya elaboró una propuesta y la presentará el 22 de agosto", añadió.
Palazzo, quien conduce un gremio de 107.000 afiliados, condenó los despidos "políticos e ideológicamente persecutorios" y subrayó que será necesario "la reapertura de las paritarias en varias organizaciones sindicales porque la inflación ya superó el acuerdo oportunamente obtenido", en tanto rechazó "la intención oficial de incorporar el país al acuerdo de libre comercio del Pacífico porque provocará caída del empleo y libre importación".
En otro orden, explicó que el anuncio presidencial de devolución del dinero de las obras sociales a los gremios debe ubicarse en "su justa medida", porque "se trata de plata propia y no del Estado, más allá de la expresión de buena voluntad del gobierno".
"De los 14 mil millones que habría que distribuir se termina otorgando un bono hasta 2020, que terminará abonando el próximo gobierno. No es una reparación histórica sino un simple paso adelante. Hay 2.900 millones que se corresponden con 100 mil expedientes atrasados, es decir, que ya prestaron las obras sociales. El Estado se financió y ahora debe devolverlo", señaló.
También enfatizó que otros 4.500 millones constituyen "un fondo cíclico para epidemias, enfermedades graves y catástrofes y no se trata de un pago. Saldrán otros 8.000 millones de plata de las obras sociales para mejorar los hospitales públicos y, los otros 14.000, se abonarán con un bono en forma de fideicomiso a nombre de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a percibirse con intereses recién en 2020. O sea, plata no hay", puntualizó.
Palazzo concluyó que la decisión generará "un gran problema al próximo gobierno, porque el 1º de enero de 2020 el nuevo presidente deberá reintegrar esos 14.000 millones y los intereses respectivos, es decir, 4.000 millones de pesos por año".
