El viernes pasado, el presidente Evo Morales acusó a Chile ante la ONU de violar los derechos humanos de transportistas nacionales en territorio chileno. Chile entregó el lunes una nota de protesta al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Kyonglim Choi, expresando su queja por “las acusaciones infundadas” de Morales.
Choquehuanca anunció ayer que el Gobierno responderá por escrito a la queja chilena y defendió que el Presidente cumplió su obligación al denunciar los “atropellos” que sufren los transportistas bolivianos en Chile.
En conferencia de prensa, en La Paz, el canciller Choquehuanca dijo que Bolivia “no se quedará con las manos cruzadas” y asumirá como una obligación el denunciar la sistemática violación de los derechos humanos ante foros internacionales.
“El próximo paso que dará Bolivia es pedir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que proceda a la elaboración de un reporte especial sobre la situación de los derechos humanos de los trabajadores de los países privados del Litoral en su tránsito por terceros países”, dijo citado por Erbol.
Choquehuanca sostuvo que sólo un reporte especial permitirá verificar las denuncias efectuadas por Bolivia y proteger los derechos humanos de miles de trabajadores bolivianos.
“Si el Gobierno de Chile está tan seguro como afirma que las denuncias de bolivianas son falsedades, no debe oponerse a este reporte independiente. Si respeta los derechos humanos, esperamos que no se oponga a que la máxima organización haga un reporte especial independiente”, manifestó.
Sobre las críticas de Chile a que Morales haya abordado el tema en el foro de Ginebra, citado por EFE, Choquehuanca consideró que el país vecino no puede pretender que el Consejo de la ONU se abstenga de conocer casos de violaciones a los derechos humanos, pues éste es su fin.
Dijo que a lo largo de la historia, Chile se comprometió a resolver el enclaustramiento marítimo boliviano, algo que incumplió, al igual que el Tratado de 1904, tal como se verificó en la inspección a puertos chilenos.
Recordó que Bolivia sufre las consecuencias de la privatización de los puertos chilenos, el mal trato a su carga, fiscalización ilegal, garajes cerrados, formularios fitosanitarios y perjuicios a transportistas por pésimas condiciones carreteras, vulneraciones a los derechos humanos de más de 1.200 trabajadores, afirmó.
