La iniciativa, presentada por la presidenta del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, incluye exonerar de impuestos a sectores prioritarios como personas con enfermedades catastróficas, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y personas que tienen bajo su cuidado a discapacitados severos.
Una vez más, a pesar de las críticas por parte de algunos grupos de oposición, los parlamentarios que defienden la normativa dan señales de la buena voluntad del estatuto, encaminado a defender los derechos de la mayoría, que tiene menos riquezas.
La idea es incluir en el Artículo 12 del proyecto la dispensa de tarifas para personas con enfermedades catastróficas que necesitan vender sus inmuebles para cubrir los costos de la enfermedad o, en su defecto, de la recuperación de la salud, así como a mujeres cabeza de hogar con un capital en bienes inmuebles inferior a 100 mil dólares.
También impactaría en adultos mayores con ingresos inferiores a tres Salario Básico Unificado y con un capital en bienes inmuebles inferior a 100 mil dólares e igualmente en quienes tienen bajo su cuidado a una persona con discapacidad severa, debidamente justificada y con propiedades valoradas en menos del monto anteriormente mencionado.
En su presentación, la líder del Parlamento enfatizó en que la ley busca garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a viviendas con servicios básicos de calidad.
‘Lo que hace el impuesto es evitar aquellos casos en los que, por decisiones administrativas, por información privilegiada, o por inversión pública, un propietario pueda acaparar hasta el 300 por ciento del valor del bien’, precisó.
Previo a la apertura del debate a nivel parlamentario, Rivadeneira y otras autoridades de Estado han insistido en que la regulación se centra en evitar la especulación sobre el valor de la tierra.
‘La Ley obedece a una profunda coherencia con nuestros principios políticos y a la consolidación de un Ecuador verdaderamente justo’, precisó la presidenta en un conversatorio con medios extranjeros de comunicación a principios de este mes.
La víspera, la titular de la AN desmintió nuevamente especulaciones y mitos generados en torno al proyecto como la idea de que constituye un impuesto con carácter retroactivo.
En ese sentido, especificó: ‘Si una persona ya posee un bien, podrá venderlo en el futuro y se le aplicará la legislación anterior, que valga la pena anotar data desde 1970’.
‘El fin de este impuesto ni siquiera es recaudatorio. Si se observa con detenimiento la fórmula de cálculo, esta privilegia la venta en un tiempo más largo, el uso por sobre cualquier tipo de especulación; reconoce la inversión en mejoras y evita la doble tributación’, puntualizó.
Vale aclarar que América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo y Ecuador, en 2010 contaba con una población urbana de 14 millones de habitantes, lo cual representa en 62,7 por ciento, a diferencia del 39,5 por ciento existente en la década de 1970, según estimados.
Al mismo tiempo, las proyecciones para 2020 refieren un aumento hasta el 64 por ciento.
‘Mucho se ha mencionado acerca del impacto en la oferta, en aquellos que esperan ser retribuidos por trabajos que no han sido realizados por ellos, pero muy poco se ha dicho sobre las 700 mil familias que no tienen vivienda en el país’, especificó.
La propuesta que defiende el proyecto de ley también favorece el sector minero, al eliminar la extensión de hasta cuatro años del ciclo de exención de pago de regalías por los valores extraordinarios de los minerales que extraen las empresas dedicadas a esa industria.
Con esa disposición, los 5 proyectos estratégicos que el Ministerio de Minería presenta a noviembre de 2016, difícilmente verán ingresos extraordinarios antes del año 2021, acotó.
La Ley contra la especulación de la Tierra o Ley de Plusvalía no afecta a los sectores de las clases media y baja, sino que busca la adecuada redistribución de las riquezas, insistió el gobierno ecuatoriano.
