Caraballo explicó que el pedido de condena es porque “a Domato le corresponde aplicarle la legislación actual más severa, no la vigente al momento de los hechos, en razón de que los delitos de los que se le acusa haber participado son de carácter permanente y continuado”. En ese contexto, los fiscales federales Luis Benítez y Marisa Vázquez pidieron 25 años de prisión para Domato.
En la audiencia que comenzará a las 9 del viernes, Domato podrá manifestar sus últimas palabras en el juicio que lo investiga por 31 casos de privación ilegítima de la libertad, 27 de tormentos y cuatro desapariciones forzadas de personas que tuvieron como víctimas a Mirtha Leónidas Insfrán, Ricardo Borgne, Fausto Augusto Carrillo Giménez y Luciano Ramón Díaz.
En ese sentido tanto Caraballo como el abogado víctima Pedro Velázquez Ibarra con distintos fundamentos apelan a un arrepentimiento del imputado “por aberrantes hechos” y que a modo de colaboración, circunstancia que podría atenuar una eventual condena, “indique los lugares donde se encuentran los cuerpos de los desaparecidos formoseños a fin de que sus seres queridos puedan clausurar u duelo de 40 años”.
Caraballo puso especial énfasis al decir que “los letrados tienen la firme convicción de que Domato, por el rol preponderante que asumió durante el terrorismo de Estado con dominio del hecho tanto dentro de los CCD que funcionaron en el RIM 29 como en "La Escuelita" del barrio capitalino San Antonio, conoce el destino final de los desaparecidos ya que quedó demostrado su participación con poder de decisión dentro de la estructura represiva”.
“Sin embargo, los fiscales, expresaron cautela en relación al veredicto, más allá de que debe ser condenatorio atento a que a personajes de menor jerarquía como los policías que se desempeñaron en la custodia de “La Escuelita” recibieron penas de 25 años de prisión en la causa "Camicha" razón por la cual Domato mínimamente debe recibir igual condena de cumplimiento efectivo y en cárcel común”.
Horacio Rafael Domato, de 75 años, estuvo prófugo de la justicia entre 2005 y 2012, cuando fue capturado en Córdoba, y llegó a juicio oral en mayo. En 1976 fue asignado al área 234 de la represión terrorista de Estado, cuya sede estaba en el Regimiento de Infantería de Monte 29 en la capital norteña.
