Las compañías, que trabajan en un proyecto de explotación minero, tampoco habrían llevado adelante la consulta indígena que se exige como requisito para intervenir espacios habitados por comunidades indígenas.
Bárbara Quenaya, miembro de la Cooperativa Apacheta, denunció que tanto las empresas como el Estado no están cumpliendo con el Convenio 169 de la OIT. La comunidad denuncia que las firmas solo entregaron una declaración de impacto que aún no se ingresa al Sistema de Evaluación Ambiental, por lo tanto, “no se hace la consulta indígena en etapa temprana porque se entiende que en esta etapa no se afecta a los territorios”.
Quenaya, sin embargo, pone el acento en que en el trabajo de sondaje que lleva adelante la española, se habrían causado grandes afectaciones al territorio.
En la denuncia, también se acusa al Estado de hacer consultas a pobladores que, por razones económicas estarían de acuerdo con la explotación minera, excluyendo de forma “intencional” a las comunidades que rechazan cualquier tipo de invasión a su territorio ancestral.
Guillermo Pacha, presidente de la comunidad Cutijmalla, explicó que las empresas transnacionales llegaron con un discurso conciliador y de respeto al medio ambiente, sin embargo, han ido destruyendo afluentes de agua, cerros y el ecosistema en general que existe en el territorio ubicado al interior de la ciudad de Iquique.
Para el dirigente indígena la explotación minera cambiará el imaginario, la naturaleza y las relaciones humanas, modificadas por estas nuevas inversiones que no fueron consultadas previamente, libremente e informadas, como lo indica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Por ello, no descartó realizar todas las acciones necesarias para evitar que transnacionales mineras continúen explotando el territorio ancestral de la comunidad.
