Los organismos de derechos humanos junto con diversas organizaciones políticas sociales y sindicales, denunciaron “la banalización de la memoria” y reclamaron la libertad de Milagro Sala, dirigente de la Tupa Amaru, detenida hace casi un año en Jujuy.
En el acto central en la Ciudad de Buenos Aires hicieron oír el reclamo principal por la continuidad de las políticas de derechos humanos con el rechazo al ajuste: “No sostienen razones, convicción, la potencia de la unidad y la organización y, hoy como ayer, la Memoria, La Verdad y la Justicia siguen guiando nuestros pasos”, resumieron en un documento consensuado por los 14 organismos que convocaron.
“Venimos a esta Plaza a reivindicar las luchas de los 30.000 detenidos-desaparecidos, a exigir el respeto de los derechos humanos, a reclamar la continuidad de los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado, a denunciar la banalización de la memoria”, puntualizó el texto en el que trabajaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), H.I.J.O.S. Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH La Matanza, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico (MEDH), la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
La unidad se vio reflejada en la lectura colectiva del documento, que también fijó posición frente a las “políticas represivas” del gobierno de Macri. Un referente de cada organismo estuvo a cargo de un fragmento.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida mandaron abrazos desde Medellín y España, donde se encuentran ambas respectivamente. “Esta fecha es especial, pero más este año, cuando los derechos humanos de los argentinos fueron violados permanentemente. Una vez más en nuestra querida plaza les demostramos a los responsables que no les será fácil y que el pueblo unido jamás será vencido”, escribió Almeida.
La convocatoria, construida en torno de la consigna “Seguimos resistiendo”, hizo pie fuerte en los reclamos por la continuidad de los juicios contra los genocidas y por que “se reactiven y profundicen las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”, políticas “que los organismos habíamos reclamado durante décadas y que fueron reconocidas desde el Estado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, plantearon los organismos.
Además, exigieron la aparición con vida de Jorge Julio López y la restitución de la identidad a más de 300 jóvenes apropiados.
