Ricardo Antihual, Ariel Garci y Nicolás Huala están presos en el Penal de Esquel desde el martes por luchar junto a la comunidad Pu Lof en resistencia del departamento Cushamen, en la provincia de Chubut.
Como viene informando este sitio, el último martes dos centenares de gendarmes acompañados por decenas de policías de Chubut arremetieron contra una veintena de personas (de las cuales sólo ocho eran varones mayores) descargando una brutal represión.
Antihual, Garci y Huala fueron llevados al Penal Federal de Esquel y desde entonces permanecen detenidos. Además de la violencia del operativo que los detuvo, sufrieron una golpiza brutal dentro de la unidad penitenciaria.
Esta tarde una delegación de personalidades de organismos de derechos humanos viajó al penal para entrevistarse con los detenidos, brindarles su solidaridad y el apoyo a la lucha de la comunidad mapuche por sus tierras.
Allí estuvieron, entre otros, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, María del Carmen Verdú de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Margarita Cruz de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Diego Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y Pablo Pimentel de APDH La Matanza.
Poco después la misma delegación junto a otros referentes de organizaciones políticas y sociales de la región mantuvieron una reunión con el juez federal Guido Otranto, quien tiene a cargo la causa en la que Antihual, Garci y Huala están procesados por infringir el artículo 194 del Código Penal, por resistencia a la autoridad y otros “delitos”.
Las organizaciones cuestionaron ante el magistrado la brutalidad de la represión del martes, la golpiza a los detenidos en el Penal de Esquel y el carácter último de esa represión: defender los intereses de Benetton y criminalizar a las comunidades originarias que reclaman por sus derechos elementales.
Al salir de la reunión, miembros de la delegación dijeron a La Izquierda Diario que el juez Otranto manifestó su intención de liberar en las próximas horas a los detenidos. Incómodo por el amplio repudio popular a la represión, extendido por todo el país, el magistrado dejó entrever que la libertad de los detenidos es casi inminente.
Esta tarde, como se informa en otra nota, el gobernador chubutense Mario Das Neves intentó despegarse del escándalo originado por la represión culpando justamente al propio Otranto por los hechos ocurridos desde el martes.
La “interna” entre el Ejecutivo provincial y la justicia federal con asiento en Chubut derivó en que hoy nadie quiera hacerse cargo de la “papa caliente” que ellos mismos generaron y justificaron hasta hace pocas horas.
Al anochecer de este viernes las organizaciones dieron una conferencia de prensa ante los medios locales donde explicaron lo realizado en la jornada.
Nora Cortiñas dijo allí que “venimos a Esquel porque nos avergüenza la situación que se vivió acá, esta represión brutal no sólo a una comunidad sino al pueblo argentino. Esta represión a gente que defiende su tierra es algo exorbitante, romper un diálogo para reprimir es una vergüenza hacia comunidades a las que hace más de 500 años se las persigue y no se les permite vivir con libertad sus derechos. Ojalá antes de irnos podamos abrazarnos con los jóvenes detenidos en la calle. Y que esto no vuelva a ocurrir nunca más”.
Nicolás del Caño agregó que esa delegación llevaba “la solidaridad y las muestras de repudio a la represión que se extendieron en todo el país. Tanto el Gobierno provincial y como el nacional acusando al pueblo mapuche que pelea por su territorio de terroristas no hacen más que reproducir el discurso pinochetista que en Chile se usa para atacar también a esta comunidad hermana. Buscan demonizarlos ante la sociedad y tenemos que contrarrestar eso. Incluso hay un cerco mediático nacional que recién ahora se empieza a romper, porque empiezan a reconocer la brutalidad que se vivió acá. Esta comunidad mapuche es un ejemplo a seguir y a profundizar en lo que respecta a la defensa de los derechos”.
Diego Morales denunció varias irregularidades en los operativos represivos, tanto de la Gendarmería nacional como de la Policía de Chubut. “Hay que poner sobre la mesa la discusión de cómo se dan los despliegues policiales que tienen cobertura judicial. No puede haber impunidad sobre esos episodios”, dijo Morales. Y agregó que la delegación que llegó a Esquel “se ofrece a colaborar en los procesos que sean necesarios en función de lo que decida la propia comunidad mapuche”.
