La temporada alta de negociaciones paritarias todavía no arrancó, pero en el prólogo ya se viven momentos de máxima tensión entre gremios, empresarios y, el actor que este año parece destinado a tomar un rol protagónico respecto del futuro salarial, el Ministerio de Trabajo de la Nación.
El primer desencuentro y foco de tensión todavía vigente en materia paritaria, llegó cuando la cartera que comanda Jorge Triaca resolvió no homologar un acuerdo negociado entre la Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo y los bancos, y volteó lo que las partes había arreglado.
La negativa de Triaca detonó lo pactado el 23 de noviembre de 2016, por los bancarios que incluía la reapertura de la paritaria 2016 para compensar la pérdida de poder adquisitivo de ese año, y una suma fija de $ 2.000 más un aumento salarial del 10%, equivalente a un aumento del 19,5% para el sueldo inicial, a cuenta de lo que se negocie en la paritaria 2017.
El principal objetor del entendimiento salarial fue la Casa Rosada, que no quería una paritaria “corta” hasta abril, sino una por todo el año. Por eso le bajó el pulgar a la negociación. Para el Gobierno, el modelo a seguir es el que firmó María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires con los estatales de UPCN: aumentos en línea con la meta de inflación del Banco Central y cláusula gatillo que reabre paritaria si la inflación crece por encima de esa pauta.
La noticia estalló el lunes 23 de enero cuando el vicepresidente del Banco Nación. Enrique Szewach, envió en nombre de ABAPPRA una nota al ministro de Trabajo, consultando si el acuerdo pactado en noviembre estaba vigente, ya que dicha asociación no había recibido notificación fehaciente al respecto. “Solicitamos se nos aclare a la brevedad el estado de vigencia del aludido instrumento, para su correcta aplicación en las liquidaciones que deben disponerse en el curso de esta semana”, decía la nota firmada por Szewach.
La respuesta rubricada por Silvia Squire, subsecretaria de Relaciones Laborales de la cartera de Trabajo, le informó que “el acuerdo en cuestión no se encuentra ratificado ante esta Cartera de Estado y tampoco se ha efectuado el control de legalidad para proceder a su homologación”. Ello desató el plan de lucha de los bancarios, que continúa vigente, y la vía legal donde el gremio consiguió una cautelar para que las entidades abonen el aumento y el Ejecutivo no interceda en las negociaciones salariales (apelado por el propio Ministerio de Trabajo).
Ahora se encendieron las alarmas y podría llegar el segundo episodio de cepo salarial impulsado por la gestión de Triaca. Es que en las últimas horas se conoció una presentación realizada por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) en el que le solicitan a la cartera laboral “no homologar” lo rubricado en las paritarias del sector.
El martes el gremio de la actividad, Atilra organización conducida por Héctor Ponce, había acordado una recomposición salarial de 13,9% hasta abril, lo que hacia un total de incremento salarial de abril 2016 a abril 2017 del 40,9%.
Tanto los porcentajes cerrados, como los plazos estipulados escapan al modelo de paritarias que se propone desde La Rosada para este año, por lo que la presentación de Apymel podría ser el detonante de un nuevo conflicto. De hecho la presentación empresaria se detiene en ese punto y remarca: “el ajuste porcentual pretendido por Atilra para la composición salarial, excede ampliamente el porcentual anual inflacionario” y le recuerdan al Ministerio su “tope sugerido”.
Consultados por InfoGremiales, fuentes del gremio lechero advirtieron que se encuentran confiados en que la cartera laboral homologue lo que se acordó en las negociaciones salariales: “todavía estamos dentro de los plazos previstos para la homologación del acuerdo”, explicaron.
Sin embargo y ante lo ocurrido con los bancarios remarcaron que no se quedarán de brazos cruzados en caso de que Triaca decida detonar el acuerdo:”Saben que de no homologarlo vamos a parar todas las plantas del país”, concluyeron.
