Los documentos de la corte detectaron que el asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres fue un asesinato extrajudicial planeado por especialistas en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos, reveló una investigación del periódico “The Guardian”.
Cáceres fue asesinada hace un año cuando supuestamente estaba bajo protección estatal tras recibir amenazas de muerte por su oposición a una represa hidroeléctrica. El asesinato de Cáceres, ganadora del prestigioso premio ambiental Goldman en 2015, provocó protestas internacionales y pide que Estados Unidos revoque la ayuda militar a Honduras, un aliado clave en su guerra contra las drogas. Ocho hombres han sido arrestados en relación con el asesinato, incluyendo dos militares retirados.
Los funcionarios han negado la participación del Estado en el asesinato de la activista, y minimizado la detención del oficial en servicio Mariano Díaz, que fue apresuradamente dado de alta del ejército. Pero los registros militares de los detenidos y los documentos judiciales vistos por el Guardian revelan que: Díaz, un veterano de las fuerzas especiales, fue nombrado jefe de inteligencia del ejército en 2015, y en el momento del asesinato estaba en camino de ascenso a teniente coronel.
Otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanny Bustillo se unió al ejército el mismo día que Díaz; Ellos sirvieron juntos y los fiscales dicen que permanecieron en contacto después de que Bustillo se retiró en 2008. Díaz y Bustillo recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos.
Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue un ex-francotirador de las fuerzas especiales, que había trabajado bajo el mando directo de Díaz. Los fiscales creen que también pudo haber trabajado como informante de inteligencia militar después de abandonar el ejército en 2013.
Los documentos de la corte también incluyen los registros de mensajes de teléfonos móviles que los fiscales creen contienen referencias codificadas al asesinato.
Bustillo y Hernández visitaron el pueblo de La Esperanza, donde Cáceres vivió varias veces en las semanas previas a su muerte, según los registros telefónicos y el testimonio de Hernández.
Una fuente legal cercana a la investigación dijo al Guardian: “El asesinato de Berta Cáceres tiene todas las características de una operación bien planeada diseñada por la inteligencia militar, donde es absolutamente normal contraer civiles como asesinos.
“Es inconcebible que alguien con su alto perfil, cuya campaña le haya convertido en un problema para el estado, pueda ser asesinado sin autorización al menos implícita del alto mando militar”.
El Ministerio de Defensa hondureño no hizo caso de las repetidas peticiones del Guardián para hacer comentarios, pero el jefe de las fuerzas armadas negó recientemente que los escuadrones de muertes militares estuvieran operando en el país.
Cinco civiles sin antecedentes militares conocidos también han sido arrestados. Entre ellos están Sergio Rodríguez, gerente de la presa hidroeléctrica Agua Zarca financiada internacionalmente, a la que Cáceres se había opuesto. El proyecto está a cargo de Desarrollos Energéticos SA, (Desa), que cuenta con amplios vínculos militares y gubernamentales. El presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un ex oficial de inteligencia militar, y su secretario, Roberto Pacheco Reyes, es ex ministro de Justicia. Desa contrató al ex teniente Bustillo como jefe de seguridad entre 2013 y 2015. Cáceres había denunciado 33 amenazas de muerte vinculadas a su campaña contra la represa, incluyendo a varios de los empleados de Desa.
Desa niega cualquier participación en el asesinato. Cáceres fue asesinada alrededor de las 11.30 pm del 2 de marzo, cuando al menos cuatro asesinos entraron en la comunidad cerrada a la que se había mudado recientemente en las afueras de La Esperanza. Un puesto de control en la entrada de la ciudad – normalmente tripulado por policías o soldados – fue dejado desatendido la noche en que fue asesinada, dijeron testigos al Guardian. Inicialmente, los investigadores sugirieron que el asesino era un ex amante o compañero de trabajo descontento. Pero en medio de la creciente condena internacional, Díaz, Bustillo y otros dos fueron arrestados en mayo de 2016.
Hernández, que eventualmente fue arrestado en México, es el único sospechoso que ha dado un testimonio detallado en la corte. Él ha admitido su participación, pero dice que actuó bajo coacción.Los ocho han sido acusados de asesinato e intento de asesinato. Los otros siete sospechosos han negado la participación o no han dado testimonio ante el tribunal.Los fiscales dicen que los registros telefónicos presentados a los tribunales muestran una amplia comunicación entre los tres militares, incluyendo un mensaje de texto que era una discusión codificada de pago por un asesinato por contrato.
Expertos estadounidenses han estado involucrados en la investigación desde el principio, según la embajada estadounidense en Tegucigalpa. El senador Ben Cardin, miembro del comité de relaciones exteriores del Senado, dijo que el apoyo estadounidense no debe ser incondicional: “Es esencial que no sólo fortalezcamos nuestro compromiso de mejorar el Estado de derecho en Honduras, sino que también debemos exigir una mayor responsabilidad de los derechos humanos Violaciones de derechos humanos y ataques contra la sociedad civil”.
El año pasado, el Guardian informó que un ex soldado hondureño dijo que había visto el nombre de Cáceres en un “hitlist” que fue pasado a las unidades entrenadas por Estados Unidos. El sargento Rodrigo Cruz dijo que a dos unidades de élite se les dieron listas con los nombres y fotografías de los activistas – y ordenó eliminar cada objetivo.
El comandante de la unidad de Cruz desertó en lugar de cumplir con la orden. El resto de la unidad fue enviado en licencia. En una entrevista de seguimiento con el Guardian, Cruz dijo que el “hitlist” fue dado por los jefes de estado mayor del ejército hondureño al comandante del grupo de trabajo multi-agencias de Xatruch, al que pertenecía su unidad. Cruz -que pidió ser referido por un seudónimo por temor a la retribución- desertó tras el asesinato de Cáceres y permanece escondido. Se desconoce el paradero de sus antiguos colegas.
Siguiendo el informe del Guardian, James Nealon, embajador de Estados Unidos en Honduras, se comprometió a investigar las acusaciones, y en una entrevista la semana pasada, dijo que no se había dejado ninguna piedra. “He hablado con todos los que puedo pensar en hablar, al igual que los miembros de mi equipo, y nadie puede producir la hitlist”, dijo Nealon. Pero la embajada no habló con el comandante de Xatruch, dijo Nealon. Los activistas, incluyendo aquellos con información sobre la supuesta lista de víctimas, han dicho al Guardián que no han sido entrevistados por funcionarios estadounidenses o hondureños.
Lauren Carasik, profesora clínica de derecho en la Universidad de Western, New England, dijo que el firme apoyo de Estados Unidos a Honduras sugiere que tolera la impunidad de los autores intelectuales de asesinatos selectivos de alto perfil. “Washington no puede, en buena conciencia, seguir ignorando la creciente evidencia de que el ejército hondureño fue cómplice del asesinato extrajudicial de Cáceres”.
Las ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad y la impunidad generalizada se encuentran entre las más graves violaciones de los derechos humanos en Honduras, según el departamento de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos es el principal proveedor de apoyo militar y policial a Honduras, y el año pasado aprobó 18 millones de dólares de ayuda.
En los últimos años, el apoyo estadounidense se ha centrado en las unidades de fuerzas especiales de Honduras, creadas originalmente como fuerza contrainsurgente durante la “guerra sucia” de los años ochenta. Las unidades de élite atacan al terrorismo, el crimen organizado y las pandillas, pero los activistas dicen que el aparato de inteligencia hondureño se utiliza para atacar a líderes comunitarios problemáticos. La violencia contra los activistas sociales ha aumentado desde que un golpe de Estado respaldado por militares expulsó al presidente populista Manuel Zelaya en 2009. Desde entonces, al menos 124 activistas de tierra y medio ambiente han sido asesinados.
Una investigación reciente del organismo de control de la corrupción Global Witness describió la amplia participación de las élites políticas, empresariales y militares en mega proyectos ambientalmente destructivos que han florecido desde el golpe. Una de las partes más problemáticas del país ha sido la región norte del Bajo Aguán, donde un conflicto de tierras entre compañías de aceite de palma y campesinos ha cobrado más de 130 vidas en los últimos seis años.
El Bajo Aguán es también el hogar del 15º batallón, una de las dos unidades de fuerzas especiales del ejército hondureño, y el centro de entrenamiento de las fuerzas especiales. Dos de los sospechosos, Díaz y Hernández, sirvieron juntos en el 15º batallón; La unidad de élite de Cruz también estaba estacionada en el Bajo Aguán.
El embajador Nealon dijo que no había registros de Díaz, Hernández o Bustillo que asistieran a cursos de capacitación en Honduras. “Nuestros programas de entrenamiento para la policía o para el ejército no están diseñados para instruir a la gente en cómo cometer violaciones de derechos humanos o para crear un ambiente en el que creen que están facultados para cometer violaciones de derechos humanos, de hecho, todo lo contrario”, dijo Nealon.
Los registros militares hondureños muestran que Díaz asistió a varios cursos de contrainsurgencia en bases de fuerzas especiales en Tegucigalpa y en el Bajo Aguán. También asistió a cursos de liderazgo de cadetes en Fort Benning, Georgia, en 1997, y un curso de lucha contra el terrorismo en la academia de la Fuerza Aérea Interamericana en 2005.
Los documentos judiciales también revelan que en el momento de su detención, Díaz, de 44 años, estaba bajo investigación por tráfico de drogas y secuestros, mientras que también estaba estudiando para ascender. Los registros militares muestran que en 1997 Bustillo asistió a cursos de logística y artillería en la Escuela de las Américas, en Fort Benning, Georgia, donde se capacitó a cientos de oficiales latinoamericanos que más tarde cometieron abusos contra los derechos humanos.
