La causa fue bautizada "Nuna Puka" (Almas Rojas), en homenaje a la militancia de las víctimas, la mitad de las cuales se mantienen en condición de desaparecidos. El 3 de mayo próximo el TOF dará los fundamentos de la condena, y mientras ella no esté en firme se mantendrán las preventivas y también las excarcelaciones.
Presidido por la jueza Alejandra Cataldi e integrado por los vocales Mario Héctor Juárez Almaraz y Federico Díaz, el tribunal concluyó cerca de las 20 del jueves un largamente demorado e interrumpido debate oral y público que había comenzado el 22 de octubre de 2015. Desde entonces, tres acusados fueron apartados del proceso. Dentro de dos meses, el 3 de mayo a las 18.00, darán a conocer los fundamentos del veredicto.
Las penas de prisión perpetua fueron impuestas al teniente coronel (RE) Rafael Mariano Braga (foto), ex oficial de Inteligencia del Regimiento de Infantería Mecanizado 20 de Jujuy (cabeza del área militar 323) y al cabo 1° del Ejército Alberto Callao. Braga fue hallado responsable en grado de coautor del delito de privación ilegal de la libertad en doce hechos, y también por homicidio calificado por alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas en cinco hechos, más las torturas agravadas por ser la víctima un perseguido político en dos hechos. Callao, en tanto, fue condenado por doce privaciones ilegales de la libertad y cinco homicidios agravados.
El tribunal dispuso que Braga, Callao, Herrera, Vaca, Goyechea, Ruiz y Claros continúen en prisión preventiva y que Soto, Mendoza, Colmenares y Batalla sigan excarcelados hasta que la sentencia esté firme.
En el mismo fallo, el Tribunal condenó a 18 años de prisión al ex jefe de la División Judicial del Servicio Penitenciario jujeño Ramón Armando Herrera, a quien consideró partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes en doce hechos, y por el homicidio calificado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas en cinco hechos.
Los policías Juan Carlos Vaca, Armando Raúl Claros y Armando Hugo Ruiz recibieron la pena de 14 años de prisión. El tribunal los consideró partícipes necesarios de la privación ilegal de la libertad agravada por su duración mayor a un mes en 15 hechos y por las torturas agravadas por ser la víctima perseguido político en tres hechos. Vaca fue el jefe del Cuerpo de Operadores del Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia, Claros se desempeñaba entonces como oficial ayudante en el Grupo de Coordinación y Enlace, y Ruiz era oficial.
El también policía Siro Lucas Goyechea, ex jefe del Cuerpo Patrulla, fue condenado a 8 años de prisión en grado de partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por su duración mayor a un mes en dos hechos, y por torturas agravadas por ser la víctima un perseguido político en un caso.
Por otro lado, fueron condenados a cinco años de prisión el cabo de la comisaría 1° de Volcán, Catalino Soto y el ex sargento de la delegación San Salvador de Jujuy de la Policía Federal Jorge Ernesto Mendoza. Soto fue hallado responsable de un hecho de privación ilegal de la libertad en concurso ideal con la violación del domicilio de la misma víctima en dos oportunidades, en tanto que Mendoza fue considerado coautor de la privación ilegal de la libertad agravada por su duración mayor a un mes en un caso.
Finalmente, el tribunal impuso la pena de tres años y medio de prisión al entonces ayudante de 5ª del Servicio Penitenciario jujeño Félix Batalla, y al subayudante Federico Colmenares, tras hallarlos responsables en grado de partícipes secundarios del delito de privación ilegal de la libertad en siete oportunidades.
Los hechos
Las víctimas cuyos casos se abordaron en este juicio son Carlos Eulogio Villada, los hermanos Paulino Prudencio y Cresente Galeán, Rosalino Ríos, Elías Juan Toconás, Manuel Ismael Vivas, Rosa Santos Mamaní, Américo Macrobio Vilca, Emilio Ábalos, Vicente Juan Cosentini, Santiago José Abán, Remigio Ángel Guerra, Gerónimo Lamas, Pablo Roberto Lacsi, José Nemecio Flores y los hermanos Pedro Pablo y Santiago Ramos.
En general, fueron sometidos a un derrotero similar de acuerdo a los lugares donde se llevaron a cabo sus secuestros: pasaron por la Central de Policía y la cárcel de Villa Gorriti, y por las comisarías ubicadas en la zona norte de la provincia, que funcionaron como centros clandestinos de detención, en donde fueron sometidos a torturas y vejámenes de carácter físico y psicológico.
Ocho de las víctimas permanecen desaparecidas. Los hermanos Galéan, Ríos, Toconás y Rivas fueron sacados de la cárcel el 15 de diciembre de 1976 por la mañana por el Ejército y la Policía con el pretexto de trasladarlos junto a otros detenidos al aeropuerto El Cadillal, donde abordarían un avión para su traslado a otro destino. Sin embargo, ninguno de los cinco llegó a la terminal aérea, aunque sí los otros reclusos. Desde entonces, permanecen desaparecidos.
Vilca, Villada y Cosentini también están desaparecidos. Vilca, que tenía 18 años, fue sacado del penal de Villa Gorriti entre fines de noviembre y principios de diciembre de 1976 y nunca más fue visto. Villada, de 46, fue secuestrado de su casa el 24 de noviembre de 1976. Y Cosentini, también de 46 años de edad, se presentó el 15 de diciembre de 1976 en la Jefatura de Policía, tras lo cual no se supo más de su paradero.
Había concurrido a la sede policial porque recibió el llamado de un efectivo que le dijo que el comisario Ernesto Jaig, fallecido, quería devolverle libros que le habían secuestrado durante un allanamiento.
Las víctimas transitaron su cautiverio clandestino por la Central de Policía y la cárcel de Villa Gorriti, y por las comisarías ubicadas en la zona norte de la provincia.
La evaluación de la Fiscalía
"En términos generales, estamos de acuerdo con las condenas que coincidieron con los pedidos del Ministerio Público y la diferencia que vemos importante está en el grupo de la Central de Policía. Una de las cuestiones que no se había discutido en ninguna de las causas de lesa humanidad de Jujuy es el rol y el funcionamiento de la Central de Operaciones Policiales, que era el grupo de la Policía que había pasado a depender de los tenientes del Ejército dependientes del Área 323.
Esa cuestión quedó probada. Para nosotros es importante, pero a la vez [los jueces] no le dieron el rol que nosotros entendemos que tuvieron en la represión y es por eso que hacen la diferencia en el pedido de pena que habíamos solicitado nosotros para los cuatro y hace una diferencia de tres de ellos [Vaca, Claros y Ruiz], dándole catorce años, y a otro [Goyechea] le dan ocho años", dijo a Fiscales minutos después del veredicto el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo.
Si bien señaló que aguardará a conocer los fundamentos, el representante del Ministerio Pùblico calificó como "rara" la absolución a Soto por el delito de robo, hecho que la Fiscalía consideró probado junto a la privación ilegal de la libertad y la violación del domicilio de Elías Toconás, por los que sí fue condenado. "Nos parece importante señalar que no se tuvo en cuenta la prueba que existe desde el primer momento sobre las cosas que se llevaron en ese allanamiento", dijo Pelazzo.
Absoluciones, preventivas y excarcelaciones
El Tribunal dispuso además que, tras el veredicto, continuarán detenidos con prisión preventiva Braga, Callao, Herrera, Vaca, Goyechea, Ruiz y Claros, mientras que ordenó que Soto, Mendoza, Colmenares y Batalla continúen excarcelados hasta que la sentencia adquiera firmeza.
Los jueces, además, dictaron varias absoluciones: a Braga lo absolvieron por el beneficio de la duda en cuatro hechos de privación ilegal de la libertad y en trece casos de tortura; a Soto, del delito de robo en despoblado; a Goyechea, de un caso de privación ilegal de la libertad y de trece hechos similares pero agravados, de dos casos de tortura y de un homicidio doblemente calificado; y a Vaca, Ruiz y Claros por un caso de privación ilegal de la libertad y por dos hechos de homicidio doblemente calificado.
No llegaron al final del debate el teniente (RE) José Eduardo Bulgheroni, ex oficial de inteligencia del Grupo de Artillería Mecanizada 5 de la Guarnición “Jujuy” del Ejército, y el sargento Carlos Alberto Gutiérrez, que fueron apartados por razones de salud. La Fiscalía había pedido para ellos las penas de prisión perpetua y 25 años de prisión, respectivamente. Antes del alegato había sido apartado por las mismas razones el policía retirado Melanio Portal.
