La base del rechazo es que el Plan de Rosselló “está basado en proyecciones irreales de crecimiento económico, subestima sustancialmente el gasto y refleja proyecciones de ingresos demasiado optimistas”. Critica también el tiempo en que se proponen hacer los cambios y “no provee el requerido detalle de especificidad de implantación para evaluar completamente la viabilidad de la mayoría de las medidas”.
Sostiene que la reestructuración de la deuda “es necesaria pero, por sí sola, no es una solución suficiente ni sostenible”.
En algunos de los puntos discutidos, la Junta entiende que la reducción de subsidio gubernamental a la Universidad de Puerto Rico (UPR) tendría que aumentar a $450 millones para el año fiscal 2021, que la base de las reducciones en las pensiones debe ser la cantidad de cubierta de beneficios de Seguro Social que tiene la persona, que no se puede expandir cobertura de beneficios en el plan de salud público, que los recortes al mismo tienen que ser $550 millones (año fiscal 2018) $900 millones (af 2019) y $1,300 millones (af 2021), que tiene que haber reducción en gastos de personal en las tres ramas (incluyendo la Legislativa) de al menos 20% para el año fiscal 2018, y también dijeron que el Gobierno necesita una plantilla de empleados “profesional y tecnócrata”.
Como concesión al Gobierno, la Junta extendió un año al periodo de implantación para llevarlo de los primeros dos años a tres años.
La comunicación llega un día después de que, en una carta separada, le advirtieran a la Administración que tienen que implantar un recorte de 50 % en los contratos y una reducción parcial de jornada de empleados públicos de entre dos y cuatro días por motivo de la crítica situación de liquidez en el Gobierno de Puerto Rico.
La comunicación de ayer ocurre también después de que uno de los arquitectos de la Ley PROMESA, y exasesor del Tesoro federal, Antonio Weiss, publicara una columna en la que dijo que el Plan Fiscal de la Administración Rosselló es “ilusorio” y que había que someter la deuda de Puerto Rico a un proceso de quiebra supervisado por un tribunal lo más pronto posible.
La JCF no publicó la comunicación en su página de internet ni la distribuyó formalmente a los medios. Sólo dijeron que se “le envió una carta al Gobernador Rosselló con relación a su propuesto Plan Fiscal”. “La Junta aguarda la contestación que el Gobernador tenga a bien dar a la misma”, concluyeron.
