En 1977, Iaccarino estuvo cautivo en "El Infierno", que funcionaba en las instalaciones de una Brigada de Investigaciones la Policía bonaerense junto a sus hermanos, Rodolfo y Alejandro, mientras funcionarios de la dictadura urdían una maniobra para sustraerles los bienes de la empresa ILSA S.A., cuyo directorio encabezaban los tres.
"No puedo ponerme contento, pero siento que por fin, después de 40 años de lucha empezamos a transitar el final de un recorrido para que se sepa la verdad de lo que a mis hermanos a mí nos pasó en ese lugar. Es tiempo de que se haga Justicia", señaló Carlos Iaccarino en diálogo con Télam.
La Unidad Fiscal de La Plata que interviene en crímenes contra la humanidad requirió este mes la elevación a debate de la causa de "El Infierno" en la que son investigados, además de Smart y Etchecolatz, el ex director de la Dirección de Investigaciones Zona Metropolitana y ex jefe del Pozo de Bafienld Juan Miguel Wolk (83); los ex oficiales de policía Bruno Trevisán (87), Rómulo Jorge Ferranti (80) y el ex cabo Miguel Ángel Ferreyro.
Los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro, y Juan Martín Nogueira le imputan a este grupo de personas los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio.
Ahora, le corresponderá al Juzgado Federal número 3 de La Plata fijar la fecha para el desarrollo de este debate oral y público en el que se analizarán los delitos sufridos por 62 personas que pasaron por ese centro clandestino de detención ilegal.
Entre las víctimas, la Fiscalía propone abordar los casos de 12 directivos y empleados del Hotel Liberty de Buenos Aires, dos trabajadores de la Comisión Interna de Mercedes Benz, Víctor Ventura y Esteban Reimer, -ambos desaparecidos- y cinco de la fábrica de calefones SAIAR.
Héctor Alberto Pérez y Luis Adolfo Jaramillo trabajaban en esa empresa y permanecen desaparecidos, en tanto que el cuerpo del segundo fue identificado en 1990 en una fosa común del cementerio de Avellaneda, y este es el único caso de homicidio agravado que se abordará en el juicio.
Aunque Trevisán y Ferranti resultaron condenados por "los vejámenes y severidades" padecidos por los Iaccarino en el Infierno, el cautiverio de los hermanos en ese lugar será analizado nuevamente en este juicio para determinar las responsabilidades de los otros imputados en ese hecho.
En los años '70, Los tres hermanos estaban al frente de un grupo empresario que administraba una constructora; una firma de iluminación; una asesoría; seis puestos de abaratamiento en La Plata; un establecimiento rural en Santiago del Estero e ILSA S.A, un emprendimiento de producción láctea que operaba en esa provincia.
El represor Antonio Musa Azar -actualmente detenido por delitos de lesa humanidad- estaba al frente de la Dirección de Inteligencia de Santiago del Estero, y, desde ese lugar comenzó a recabar informes en 1975 sobre las actividades de ILSA con el propósito de "armar una causa" contra este grupo.
"Nos empezó a perseguir Musa Azar pero nos tiraban de todos lados. Poco después del golpe, el Banco de la Provincia de Buenos Aires nos pasó todos los créditos con vencimientos escalonados a descubiertos en cuenta corriente. Eso nos dejó en una situación financiera muy endeble", repasó Carlos.
En noviembre de 1976, el juez Cleto Peralta, un hombre ligado a Musa Azar, les imputa a los Iaccarino por irregularidades en la escritura de un campo y ordena detenerlos, y luego fueron trasladados a Buenos Aires, donde quedaron a disposición del I Cuerpo de Ejército.
Tras padecer torturas y largos interrogatorios, los Iaccarino son blanqueados y alojados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en la unidad de detención COT I, de Martínez, que dependía de la Policía bonaerense que comandaba el entonces coronel Ramón Camps.
"En ese lugar vivimos una situación muy rara. Estábamos blanqueados pero nos trataban como desaparecidos y nos seguían torturando. Hasta que por disposición de Camps nos trasladaron a El Infierno, como le decían a ese lugar nuestros captores. Hubo familiares nuestros que pidieron un hábeas corpus, pero la Justicia lo denegó", recordó.
El juez Leopoldo Russo (fallecido) indagó a los Iaccarino y los puso en contacto con Bruno Chezzi y Vicente Antonio García, dos financistas ligados al ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
"Nos dijeron que si les entregábamos los campos y un avión nos dejaban libres. La policía nos llevó ante la escribana Lía Cuartás de Camaño (quien aún vive) y firmamos en sus oficinas de Avellaneda unos documentos en los cuales se fraguó una venta. Recuperamos la libertad en septiembre de 1978. Volvimos a Santiago e intentamos retomar nuestra actividad empresarial, pero nos hicieron la vida imposible. Perdimos todo", rememoró.
Tras las anulaciones de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los hermanos llevaron el caso de su secuestro ante la Justicia y 10 años después lograron una condena contra Trevisán y Ferranti.
Pero los Iaccarino apelaron ese fallo ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, que en 2015 determinó que debían aplicarse condenas más graves contra estos dos represores.
"Es una pena haber tardado tanto. Rodolfo murió en 2008, después de haber recibido amenazas cuando la causa nuestra empezó a difundirse. Alejandro y yo seguimos buscando Justicia y acpa estamos. Confiamos en conseguir en este juicio lo que esperamos desde hace tantos años", puntualizó Carlos.
