Hazán fue reelecto ayer en representación de América Latina y El Caribe entre diez postulantes, durante el cierre de la 34° sesión del Consejo de DDHH de la ONU que sesionó en Ginebra, en coincidencia con el 41° aniversario del inicio del golpe cívico militar que azotó a la Argentina con el secuestro y desaparición de miles de personas.
Su candidatura, sostenida antes por el (anterior) gobierno nacional fue respaldada en esta oportunidad por los organismos de Derechos Humanos.
"Todo el continente tiene historia de desapariciones forzadas y como son delitos continuados, tiene consecuencias sobre el presente, de manera que la tarea del Grupo es básicamente humanitaria, tratando de articular puentes entre familiares de desaparecidos y los gobiernos para cooperar en la implementación de políticas públicas", dijo Hazan un vez que se conoció la noticia.
La postulación de Hazán fue promovida por Abuelas de Plaza de Mayo, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y la Coalición Internacional contra Desapariciones Forzadas (I.C.A.E.D.) y su incorporación al grupo integrado por un miembro de cada continente, comenzará el 1° de mayo.
Hazán finalizó en marzo su mandato como miembro del Comité contra Desapariciones Forzadas, luego de cumplir dos mandatos continuados, cargo para el que fue propuesto por el Estado nacional.
También trabajó durante 10 años como abogado de Abuelas de Plaza de Mayo como coordinador del equipo jurídico de la institución, estuvo a cargo del programa Memoria y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre 2013 y 2015 y también fue coordinador de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA.
"Trabajar desde la mirada de las víctimas (en Abuelas) y desde la función pública fueron enriquecedoras y me sirvieron para aportar experiencia en el Comité Internacional contra Desapariciones Forzadas", aseguró Hazán en diálogo con Télam.
El abogado explicó que el trabajo del Grupo "es colectivo" y que "sus decisiones se toman por consenso, desde una mirada regional" porque la desaparición forzada "se da en todo el continente y tiene en México y Colombia los casos más emblemáticos".
"Todos los países tuvimos dictaduras y la mayoría con desapariciones forzadas. Es una problemática vigente en todo el continente que no está superada y el trabajo del Grupo se basa en la búsqueda de personas desaparecidas y en su reparación con justicia", afirmó Hazán al agregar la importancia de trabajar en cooperación con asociaciones de familiares de las víctimas.
El especialista destacó que el Grupo de Trabajo tiene "carácter universal" porque "puede trabajar con todos los países del mundo elaborando informes al Consejo de Derechos Humanos (máximo órgano de la ONU en esa materia) sobre los casos que analiza a partir de las visitas que realiza y ante la Asamblea General de Naciones Unidas".
El grupo de Trabajo nació en 1980 cuando las dictaduras de Chile y Argentina tenían en marcha un plan sistemático de represión y desaparición de personas, y se convirtió en el primer organismo internacional que abordó la problemática a partir de la situación en los países del cono Sur.
