Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional informaron a La Jornada que durante los meses que Duarte de Ochoa permaneció prófugo de la justicia se movió en varias naciones centroamericanas, principalmente Costa Rica y Guatemala, y que en este último país residía en una finca cafetalera que se encuentra muy cerca de la frontera con México.
De igual manera, señalaron que trabajos de inteligencia de la Policía Federal y de la Agencia de Investigación Criminal, ambas de la Procuraduría General de la República (PGR), establecieron su ubicación por diversas llamadas telefónicas realizadas entre Duarte y sus familiares.
Panajachel, donde fue aprehendido, forma parte del departamento de Sololá y es uno de los balnearios turísticos más conocidos del país centroamericano, por su cercanía con el lago de Atitlán. Se trata de una ciudad con una población de cerca de 11 mil personas, mayoritariamente habitada por indígenas mayas.
Según los primeros informes tras la detención, la esposa de Duarte, Karime Macías Tubilla –con el pelo teñido de rojo– también fue aprehendida.
De manera oficial, la PGR indicó mediante un boletín que la detención fue resultado de las investigaciones realizadas por el gabinete de seguridad de México, con el apoyo de la oficina central de Interpol en Guatemala.
La PGR solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que presentara de inmediato a autoridades guatemaltecas la solicitud de detención provisional con fines de extradición del ex mandatario de Veracruz.
De conformidad con los tratados internacionales aplicables, se solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala, y se realizó el operativo para la captura de Duarte de Ochoa en conjunto con la Policía Nacional Civil, por conducto de su división de policía internacional, Interpol, en Guatemala, añadió.
En atención a la solicitud de detención provisional presentada por el gobierno de México al de Guatemala, el juez primero de primera instancia penal de dicho país libró en audiencia privada una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue ejecutada ayer mismo.
Duarte de Ochoa deberá ser presentado en audiencia ante la autoridad judicial guatemalteca competente, la que le informará que se encuentra retenido con fines de extradición a petición del gobierno de México.
Conforme a las disposiciones aplicables por el tratado de extradición entre ambos países, el gobierno de México deberá presentar formalmente la solicitud de extradición del reclamado antes de que se cumpla el plazo de 60 días contados desde ayer.
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Una vez presentada dicha solicitud formal de extradición, la Fiscalía General de la República de Guatemala recibirá la documentación y la presentará ante el juez competente, quien citará a audiencia para resolver en términos de la legislación de aquel país.
En el momento en que el juez considere procedente la extradición del reclamado, abundó la PGR, turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, en donde se realizará el trámite correspondiente para su entrega a las autoridades mexicanas.
Los antecedentes
Luego de que se libró una orden de aprehensión en su contra el 14 de octubre de 2016, Duarte se evadió de la acción de la justicia. Poco después, el entonces gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que el escape había sido posible gracias a que el entonces mandatario interino, Flavino Ríos, le facilitó a Duarte el uso de un helicóptero.
El 12 de marzo, el propio Ríos fue aprehendido por agentes de la fiscalía veracruzana, acusado de colaborar en la fuga del ex mandatario priísta. Un juez de control lo sentenció a un año de prisión preventiva por tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Otro ex funcionario cercano a Duarte que se encuentra impugnado en este momento es el diputado federal Antonio Tarek Abdala, quien fue uno de los tesoreros del gobierno duartista y a quien se le involucra en la creación de empresas fantasma. La fiscalía de Veracruz solicitó su desafuero –aún no se ha concretado– para juzgarlo por peculado, delito por el cual podría purgar hasta 15 años de cárcel.
A inicios de 2017 la Interpol dio a conocer la llamada ficha roja para buscar a Javier Duarte en 190 países, aunque aclaró que la había girado dos meses atrás.
En la búsqueda del ex gobernador de Veracruz, la PGR incluso hizo pública una recompensa de 15 millones de pesos a quien diera información para ubicarlo.
Aunque la cantidad de dinero que malversó Duarte de Ochoa no se ha terminado de cuantificar, tan sólo el Informe de la Cuenta Pública 2015 establece que el priísta desvió 4 mil 630 millones de pesos que estaban destinados a servicios de salud y educación.
Otro ejemplo sobre la dimensión de los malos manejos de Duarte lo aportó el Consejo Estatal de Seguridad Pública, según el cual 800 millones de pesos nunca fueron turnados a la fiscalía local, a la Secretaria de Seguridad Pública ni al Poder Judicial.
En su momento, la Universidad Veracruzana denunció que el gobierno duartista dejó de cubrir a dicha institución el pago de 2 mil 250 millones de pesos desde 2013, lo cual comprometió seriamente el trabajo cotidiano de esa casa de estudios.
