En la comitiva estaban René Portillo Cuadra (ex asesor sindical devenido en fiel lacayo de espurios intereses patronales) y Ana Vilma de Escobar (peona del grupo empresarial que intentó cambiar la postura anti-minera de la Iglesia Católica y presta sus locales a los magistrados de la Sala Constitucional).
Las propuestas son: reasignar 55 millones de dólares del presupuesto existente, tomar 120 millones “que sobraron” de los 550 millones en bonos aprobados el año pasado y reducir el gasto público. Así -según Cuadra y de Escobar- el gobierno tendría los 282 millones que debe a las administradoras de fondos de pensiones.
Las dizque propuestas son falaces, ya que no resuelven el problema. Seguramente es necesario reestructurar el presupuesto, priorizar algunos gastos y bajar los altos salarios de funcionarios; pero eso no resuelve el impago de pensiones y -menos aún- la crisis fiscal.
El impago y la crisis fiscal son consecuencia de políticas neoliberales (privatizaciones, dolarización, regresividad fiscal), que impusieron los gobiernos de ARENA, los altos índices de evasión tributaria (1,500 millones según la UCA, 1,800 millones según OXFAM, 2,000 millones según Hacienda) y el boicot de los diputados areneros y sus amigotes de la Sala contra la aprobación de presupuestos, reformas fiscales, préstamos, bonos y reasignación de fondos.
Por eso es cínico y ridículo que Cuadra, Ana Vilma y compañía insistan en que el problema es el gasto gubernamental. El discurso arenero es -además- hipócrita porque sus gobiernos endeudaron al país, perpetraron “el robo del siglo” con la privatización de las pensiones y se robaron (no se sabe cuántos) millones de dólares en escandalosos casos de corrupción.
Se robaron “enterito” un préstamo de 30 millones que era para construir el Hospital de Maternidad, 99 millones para el ex bulevar Diego de Holguín y las millonarias donaciones de Taiwán para los afectados por los terremotos de 2001, para citar sólo algunos casos más conocidos.
Sobre este último caso, representantes de organizaciones sociales solicitaron ayer que la Fiscalía aplique la extinción de dominio a los bienes de ARENA para recuperar los 10 millones de dólares que el ex presidente del COENA Jorge Velado y el ex presidente Alfredo Cristiani admitieron públicamente que fueron a para a las arcas areneras.
*Por Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)
