La prohibición de visas a inmigrantes y a ciudadanos provenientes de los seis países de mayoría musulmana (Siria, Libia, Sudán Irán, Yemen y Somalía), el refuerzo de controles fronterizos, la construcción de un muro que separe al país de México, declaraciones contra la mujer y la comunidad LGTB, son parte del balance de los primeros días de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Pero casi como una ley física, esas acciones tuvieron reacciones: movilizaciones, denuncias y actos judiciales, muchas de esas impulsadas por la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU por sus siglas en inglés), una organización que se fundó hace casi cien años en defensa de los derechos civiles.
Jamil Dakwar, director del programa de Derechos Humanos de la asociación y profesor adjunto del John Hay College, habló con Télam y apuntó sobre “la polarización de la sociedad estadounidense”, el “discurso de odio” del mandatario que “legitima la violencia sobre grupos minoritarios” y “su falta de respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales”.
Ya antes de llegar a la Casa Blanca, la campaña de Trump “se trató de una de amenazas y vergüenza pública basada en datos defectuosos para llevar a cabo iniciativas que han fracasado en su mayoría”, dijo el activista.
“Desde las elecciones vimos que se elevaban los incidentes que llegaban a crímenes de odio contra las minorías. Esto indica claramente el aumento de polarización en la sociedad estadounidense”, analizó.
“El discurso de odio del presidente legitima la violencia sobre todos los grupos minoritarios, tanto dentro de los actores sociales, como en las fuerzas de seguridad”, alarmó Dakwar.
La intimidación a las ciudades santuario
La administración Trump trató de intimidar a las ciudades santuario, como se conoce a aquellas que protegen a los inmigrantes contra las políticas de las autoridades federales, para que se conviertan en extensiones del sistema de deportación.
Hasta el momento los Tribunales Federales dictaminaron que “las amenazas del presidente contra estas ciudades eran inconstitucionales, y detuvieron al gobierno de llevarlas a cabo en cualquier parte del país”, explicó Dakwar a Télam.
“Ese fallo reivindica los derechos constitucionales de las ciudades, condados y Estados a negarse a participar en deportaciones. Y al igual que las órdenes judiciales, detener la prohibición musulmana del presidente. La sentencia muestra el papel crucial que juegan los tribunales en la prevención de la extensión presidencial”.
Según Dakwar, ésta “es la única manera de responder a las políticas abusivas del presidente Trump”, tanto en los estados federales, como a niveles locales.
Libertades a las fuerzas de seguridad en detrimento de los derechos civiles
Desde ACLU existe una gran preocupación sobre “el refuerzo de las fuerzas de seguridad, las patrullas fronterizas y de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y el permiso otorgado para actuar en contra de los derechos de la gente a la hora de registrarlos y ejercer abusos durante las detenciones de inmigrantes”.
”El mensaje que Trump envía a la policía es grave, ya que les hizo saber que no hay necesidad de que ni el gobierno ni el Departamento de Justicia investiguen a las fuerzas de seguridad, de modo que la Policía no tiene por qué plegarse a la Constitución”, manifestó Dakwar, y aseguró que “ACLU sigue trabajando junto a otras organizaciones para volver atrás esta noción de que la policía tiene luz verde para hacer lo que quiera, especialmente en comunidades minoritarias”.
La marcha atrás del veto migratorio
“Ha sido un veto migratorio sin precedentes”, manifestó Dakwar sobre los dos intentos de Trump de prohibir el ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmanas, luego frenados por la justicia, y advirtió que el republicano “envía mensajes peligrosos a la comunidad fomentando el miedo a lo diferente y el racismo”.
“Afortunadamente, la Corte demostró estar a la altura del rol que debe ejercer, fueron muchos los jueces que ordenaron levantar las barreras contra musulmanes y refugiados”, expresó.
El muro de Trump, un descuido al país vecino
Una de las promesas más polémicas, y que el presidente estadounidense afirmó una y otra vez que va cumplir, es la construcción del muro fronterizo con México. “Lamentablemente se trata del mismo patrón de la campaña política: hace pedidos sin hechos creíbles ni razones válidas de por qué estas medidas son necesariamente importantes para la economía o seguridad de Estados Unidos”, denunció el dirigente social.
“Al hacer estas declaraciones pobres y racistas, que no tienen que ver con los intereses de los ciudadanos, los actos de Trump están basados en la intuición y la ansiedad de la gente estadounidense, de la gente que votó por él. Ellos lo votaron, pero es insostenible mantener esas retóricas sin bases en la política”, sentenció.
“El muro fue resistido por las comunidades fronterizas, que están en contra de esta idea, ya que tiene consecuencias en las relaciones bilaterales. Además, el costo humano es inmenso y no da beneficios además de agrandar el sentimiento en contra de la inmigración. Por otra parte, las compañías no lo van a aprobar, ya que implica un gasto de dinero y recursos”, explicó.
Dakwar detalló además, que sobre esta iniciativa de construir el muro “hay especiales pedidos a la ONU para que intervenga.”
“Esta medida sólo va a lograr que se agranden las manifestaciones en contra de esta gestión”, completó.
La lucha se expande y continúa
Desde el inicio de la gestión de Trump “la cantidad de ayuda se ha incrementado de manera increíble. El número de gente que se ha acercado a ofrecer su ayuda, desde asesoramiento legal, así como el aumento en las donaciones es histórico”.
También explicó que “en los últimos años, las membrecías aumentaron radicalmente y que cada vez hay más gente trabajando en las oficinas de la organización a lo largo de todos los Estados.”
ACLU comenzó a trabajar en conjunto con las fronteras internacionales y organizaciones de Derechos Humanos, como el Consulado de Derechos Humanos de la ONU y asociaciones de Derechos Humanos de otros países preocupados por la situación en Estados Unidos.
El futuro en la era Trump
“Van a ser cuatro años largos, trabajaremos fuerte para proteger los derechos civiles. Las elecciones de 2018 serán una prueba para los ciudadanos para expresar sus juicios sobre lo que está haciendo esta administración”, indicó el profesor.
“Algunos estados y localidades, gobernadores, alcaldes ya han adoptado políticas contra Trump, y la gente involucrada hará más protestas”, añadió Dakwar y señaló que ACLU, mientras tanto, “seguirá promoviendo la defensa por los derechos individuales y el derecho de la gente a expresarse frente a una administración hostil a los valores democráticos”.
“Creo que el país entero junto con los movimientos que luchan por los derechos civiles va a superar esto. Hemos hecho progresos, este no es el final del camino”, concluyó.
