La organización precisó que la campaña de “represiones” se dirige contra integrantes de pueblos donde se nombran concejales para conformar el CIG, lo cual se traduce en una agresión contra el CNI y “nuestra propuesta lanzada al país; sin embargo este caminar es por la vida y la libertad, y la muerte no la detendrá, sino todo lo contrario”, sostuvo.
Mediante el comunicado La ofensiva de arriba, ante el movimiento de abajo, el CNI pidió repudiar la violencia y llamó a la sociedad civil a estar consciente, solidaria y atenta “a esta lucha, a esta ofensiva, que es por reconstruir la democracia, la libertad y la justicia para todas y todos”.
En Chiapas, acusó, crece la hostilidad y tensión en el ejido Tila, del municipio de Tila, propiciada por caciques ligados a grupos paramilitares al pretender el retorno del mal gobierno comunitario, como sucede con el líder paramilitar de Paz y Justicia Arturo Sánchez Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez quienes con disparos y el respaldo de seguidores cerraron el acceso a ese municipio.
El hecho fue el pasado 5 de junio cuando bloquearon la carretera de Tila a Salto de Agua, frente al hospital integral de Tila, y además el tramo Tila-Yajalón, incluso algunos caminos dentro de terrenos ejidales “con personas encapuchadas y armadas”.
El Congreso Nacional Indígena denunció otras agresiones en el poblado San Francisco, del municipio de Teopisca, donde “los ricos pretenden arrebatar nuevamente las tierras recuperadas” por el grupo de trabajo “Semilla Digna”. Ahí el pasado 28 de mayo fue allanada la vivienda de Alejandra Padilla, a quien le robaron una computadora portátil con información sobre apoyos a comunidades.
Y además, seis días antes “el grupo paramilitar Nuevo Guadalupe Victoria atacó con armas de grueso calibre a sus compañeros de la comunidad Cruztón (municipio de Venustiano Carranza), participantes en el CNI, y asesinó a Rodrigo Guadalupe Huet Gómez.
En el contexto nacional, el Congreso exigió al gobierno de Querétaro la liberación de Otomís Jerónimo Sánchez y Anselmo Robles, delegados del CNI, que al igual que Pablo González y Luis Alberto Reyes fueron detenidos por el gobierno.
Los hombres fueron arrestados por la autoría intelectual de motín agravado, pero les han negado la libertad bajo caución, porque “esos cargos son para detener su lucha”, argumentó.
De igual manera demandó que el gobierno de Michoacán libere a 17 personas detenidas en la comunidad Calzontzin, del municipio de Uruapan, tras la represión en contra del poblado, el pasado 24 de febrero.
